Si hay algo que quedo en claro a través del oscuro entramado de hechos que se desencadenaron, desde la licitación de la obra pública en Santa Cruz hasta los depósitos millonarios de cuentas en el extranjero, es la ausencia absoluta de control estatal en todo el proceso.

Las poca o nula voluntad de los Kirchner de ser controlados se manifestó claramente cuando durante la gobernación de Santa Cruz, el ex Presidente Néstor Kirchner destituyó de manera ilegítima al por entonces Procurador de la Corte Provincial, Dr. Eduardo Sosa, quien fue restituido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que Kirchner se negó a cumplir.

A partir de allí y ya en la presidencia de los Kirchner, ha sido deliberado “el descontrol de los Organismo de Control”, a pesar de la innumerable legislación que los prevé y de la sanción de leyes específicas de las que después se ha hecho caso omiso. Esto queda claramente expuesto si se sigue el proceso de la ruta del dinero en el caso BAEZ y sus socios “K”.

Paso 1: Desde el momento cero, cualquier empresa que quiera trabajar lícitamente en Argentina debe pasar por la Inspección General de Justicia (IGJ), este organismo está actualmente a cargo de Luis Rodolfo Tailhade que responde a Eduardo “Wado” de Pedro uno de los jefes de La Cámpora. Es bueno recordar que Tailhade eliminó el acceso al público al expediente de las sociedades vinculadas al caso “Ciccone”.

Paso 2: En la etapa de contratación de obra pública a cargo del Ministerio de Planificación Federal que encabeza de Julio de Vido, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)y la Auditoría General de la Nación (AGN) son las responsables del control Interno y Externo respectivamente, de la administración de los fondos públicos. La SIGEN a cargo del tristemente célebre “Daniel Reposo” no sólo no ha reportado irregularidades, sino que omite actualmente dar cualquier tipo de información que se le solicite. Mientras la AGN a cargo de Leandro Despouy, aún con las limitaciones de no contar con la mayoría en el Consejo, ha reportado un sinnúmero de casos de sobreprecios en la contratación de obra pública. Despouy tuvo que sufrir los embates del Kirchnerismo que querían su destitución.

Paso 3: Cualquier ciudadano sabe que el más mínimo movimiento contable cae bajo la supervisión de la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, quien curiosamente fue abogado de la empresa Gotti S.A. entre el 2000/01, constructora que luego fue adquirida por Báez. Ni la AFIP de Río Gallegos a cargo de la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, ni la AFIP de Buenos Aires a cargo de Andrés Vázquez, el funcionario que ordenó el operativo con 200 inspectores contra el Grupo Clarín en 2009 y que fue sumariado por su vínculo con Cristóbal López, actuaron, a pesar que personal de la AFIP había informado la existencia de facturas apócrifas.

Paso 4: En la etapa del transporte de dinero “negro” debieron intervenir diversos organismos nacionales: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dependiente del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré; los Controladores Aéreos, actualmente la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo depende de la Fuerza Aérea e indirectamente del Ministerio de Defensa a cargo de Dr. Arturo Puricelli y Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) del Ministerio del Interior y Transporte, cuyo titular es Randazzo. Los aviones parecen haberse movido con la ausencia más absoluta de control. ¿Ningún scanner registró las bolsas de dinero que se transportaban?

Paso 5: La Unidad de Información Financiera (UIF) dirigida por José Sbatella en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de Julio Alak, tiene la obligación de denunciar a la Justicia cualquier tipo de operación sospechosa que le sea reportada por aquellas personas e instituciones (Entidades Financieras, Escribanos, Registros de la Propiedad, etc…) que tienen obligación legal de emitir los Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) ante operaciones de dudosa licitud. A pesar de haberse librado varios ROS por los movimientos de cuentas de las empresas de Báez ninguno fue tenido en cuenta.

Paso 6: No reportaron nada, ni la Comisión Nacional de Valores (CNV), a cargo de Alejandro Vanoli, ni el Banco Central de la República Argentina, a cargo de Marcó del Pont. Ellos deben ser custodios del normal funcionamiento de sociedades que operan en bolsa o en el mercado financiero.

Paso 7: En el ámbito judicial, el peso cae sobre la Procuradora Dra Gils Carbó, jefa de los fiscales, que tiene a su cargo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y lavado de Activos( PROCELAC). La pregunta es qué hicieron para promover el accionar de la justicia frente a cualquier sospecha y que están haciendo para investigar a Báez y a los Kirchner, a pesar de las innumerables dudas que hay sobre su limpio accionar. Parece que no mucho a juzgar por las declaraciones del fiscal Guillermo Marijuan.

Estos siete pasos parecieran demostrar que los Kirchner y sus socios parecen haber tejido un complejo entramado de “licencias” para evadir, cooptando todos los organismos de control.

El paso 8 es tal vez el más codiciado “el control de la JUSTICIA para que nadie los juzgue y lograr impunidad”.