Se presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de “Observatorio de Seguimiento de Casos de Violencia Institucional”. Es un proyecto cuya autoría corresponde a Claudia Cesaroni, integrante del CEPOC; Pablo Ferrerya, militante social y querellante en la causa Mariano Ferrerya; y María Elia Capella, del Observatorio de Derechos Humanos. Este proyecto fue promovido en la Legislatura por la diputada Claudia Neira, desde la Presidencia de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena y contó con el apoyo de las diputadas del FPV Gabriela Alegre y María Rachid

En la conferencia que se llevó a cabo en la Legislatura porteña participaron los autores del proyecto, Pablo Ferreyra, María Elia Capella y Claudia Cesaroni; las diputadas Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 20/21, Gabriela Alegre y María Rachid del Frente para la Victoria; y los dirigentes sindicales Humberto Rodríguez, secretario adjunto de ATE capital; Eduardo López, secretario General de UTE; y Gustavo Sacco, secretario General de AEJBA.

Claudia Cesaroni, miembro de la CEPOC, explicó el proyecto y manifestó que “la idea del observatorio es hacer un seguimiento de los casos de Violencia Institucional en la Ciudad de Buenos Aires, no solo cuando afectan a ciudadanos sino también a toda persona que transcurra o transite la ciudad, que asista a una escuela, o que se atienda en un hospital público. Violencia institucional no solo es la policía haciendo abuso de poder, sino también privaciones de derechos fundamentales como el hecho de que una ambulancia no pueda entrar en un barrio”. Cesaroni agregó que “el objetivo del Observatorio no es solo recoger denuncias sino también producir normativa, recomendaciones y hacer difusión pública de los casos para que no vuelvan a suceder”.

Por su parte, María Elia Capella expresó que “se trata de detectar y evitar también formas más sutiles de violencia, sobre todo aquellas que sufren los sectores más vulnerables de la población, los cuales tienen escasas herramientas simbólicas para defender sus derechos frente a los abusos del poder estatal”, y puntualizó el caso de “vecinos de Saavedra que, tras la inundación, son destratados por los inspectores del gobierno de la Ciudad que van a ver las casas afectadas”.

Pablo Ferreyra, militante social, hermano de Mariano Ferreyra y querellante en esa causa, refirió que “esta es una iniciativa que venimos trabajando desde hace varios meses pero que sin duda se vio acelerada por el contexto de feroz represión que nos tocó vivir en el hospital Borda”, y agregó que “esta violencia que ejerció la Policía Metropolitana se llevó a cabo en un lugar donde ya se vulneraban derechos y se ejercía violencia institucional sobre los internos y trabajadores”.

Claudia Neira, diputada del bloque Buenos Aires 20/21, exigió en su intervención “un Gobierno de la Ciudad que tenga límites en su accionar, que tenga límites para la intervención de la Policía en las manifestaciones”, y agregó que “este ejercicio de violencia por parte del Estado tiene como objetivo desarticular la organización para exponer al individuo aislado frente al poderío del Estado. Por esta razón, se persigue y se proscribe a los gremios en la Ciudad. Frente a esto, nosotros promovemos una política donde los ciudadanos seamos más que individuos, donde construyamos más y mejor organización. Este es el espíritu que impulsa este proyecto de ley”.

En su intervención, Humberto Rodriguez, secretario adjunto de ATE Capital, manifestó que “estamos asistiendo al desarrollo de una política que priva a determinados sectores de derechos fundamentales como la salud, la seguridad y la educación. No se trata de un Estado ausente como se entendía anteriormente, por el contrario, lo que observamos es la presencia de herramientas que pone en juego el Macrismo para construir determinada política que garantiza negocios y fomenta la exclusión.” y agregó “esta nueva estrategia obliga a agudizar el ingenio para construir múltiples herramientas que se opongan a esta exclusión y a la violencia institucional como política de Estado. Este Observatorio que hoy se propone sin duda tendrá un valor fundamental en este sentido”.

La diputada Gabriela Alegre (FpV), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, aseguró que “es muy importante que hoy podamos reunirnos para denunciar y trabajar sobre los hechos de violencia institucional, que no solo incluyen el reiterado accionar violento de la Policía Metropolitana sino también muchas otras violencias más sutiles ejercidas por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires contra los sectores más desprotegidos. Es indispensable entonces que desde la Legislatura impulsemos este Observatorio de Violencia Institucional”.

A su vez, la diputada María Rachid, también integrante del interbloque Frente para la Victoria expresó que “es nuestra obligación como legisladores propiciar el debate para ofrecer a los ciudadanos/as herramientas para visibilizar hechos de violencia como los que ocurrieron durante la última represión de la Metropolitana bajo la orden de varios ministros. No hay hoy ningún tipo de control por parte del Gobierno de la Ciudad para limitar el abuso del Estado ni tampoco hay intenciones de frenar la violencia desplegada por su poder de policía”. Y concluyó: “Es importante entender que cuando hablamos de maltrato institucional no sólo nos referimos a la violencia física, sino que también tiene lugar por otras vías, y es el propio Estado el que, a través de sus instituciones, tiene que garantizar políticas para prevenir, perseguir y erradicar todas las prácticas vinculadas al maltrato institucional. Es por eso que tomaremos esta iniciativa para que sea tratada en la Legislatura”.

Por su parte, el secretario General de UTE Eduardo López manifestó el apoyo a “un proyecto que tiene plena vigencia respecto de la realidad de la educación pública y los embates que esta está sufriendo en la Ciudad de Buenos Aires”. En el mismo sentido adhirió al proyecto Gustavo Sacco, secretario General del Gremio AEJBA.