“Parece una burla que poco tiempo después de conocer las andanzas financieras del expresidente y sus testaferros, el Gobierno comunique su intención de aprobar el proyecto que necesita para garantizar, finalmente, la total impunidad de todos sus amigos. El proyecto prevé que quienes no hayan declarado activos ni hayan pagado los impuestos correspondientes, puedan blanquearlos comprando bonos del Estado, sin decir cuándo ni de dónde consiguieron los fondos”, señala el bloque de diputados nacionales a través de un comunicado.

Allí señalan que “la ley dice que los fondos provenientes de delitos de corrupción, el lavado de dinero, trata, narcotráfico y financiamiento del terrorismo van a seguir siendo perseguidos”, y se preguntan: “¿Cómo es que se espera saber si el dinero blanqueado está vinculado con esos delitos si no hay que indicar el origen de los fondos ni la fecha de su adquisición?”.

Los radicales se hacen otras preguntas, a saber: “Se supone que los funcionarios públicos y personas imputadas de otros delitos quedan excluidos del régimen del proyecto. ¿Qué impide que los Báez, los Fariña y los Cirigliano puedan blanquear sus activos usando testaferros como los que ya usan?”.

“Se equipara a un trabajador monotributista que ahorró en dólares comprados en la calle Florida -porque su gobierno no le permitió ahorrar en una moneda confiable- con un narcotraficante, el titular de un prostíbulo o una multinacional con filial en Panamá. ¿Cómo puede un Estado querer financiarse con el producto de los crímenes que más afectan a la sociedad?”, remarcan los legisladores radicales.

“Además -continúan-, este proyecto nos hace retroceder años en materia de combate contra la corrupción y el lavado de dinero; nos hace incumplir nuestros compromisos internacionales vigentes en la Convención contra la Corrupción de la ONU. Hace solo unos años nos hicieron sancionar leyes anticorrupción a las apuradas y a los empujones para que el GAFI no nos coloque en su “lista gris”. Leyes mal hechas, que no contribuyeron a nada más que a garantizar la impunidad de los peores criminales que puede tener la sociedad. ¿Qué va a decir el GAFI con esta ley?”.

Convencidos, los legisladores radicales sostienen que “la ley no soluciona nada a futuro. Prueba de ello es que el día después de su presentación la brecha entre el dólar paralelo y el oficial alcanzó el histórico 100%. Es el manotazo de ahogado de un gobierno que por cada agujero que pretende tapar se encuentra con tres más, que se rehúsa terminantemente a ver la realidad, que sabe que tiene los días contados y quiere salvarse a sí mismo y a los suyos”.