El juez Martín Furchi, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó una medida cautelar que suspende el proceso de licitación correspondiente a la concesión del Servicio de Transporte Público de la Ciudad a raíz de la acción de amparo presentada por el legislador (MC) Facundo Di Filippo miembro del Partido Social de la Ciudad, el diputado porteño Rafael Gentili (El Acento-Proyecto Sur), y Félix Aníbal Cariboni, integrante del Espacio Chico Méndez de Ecología Popular.

Para los denunciantes, el Poder Ejecutivo de la Ciudad obró ilegalmente al comenzar el proceso de licitación para la concesión del Servicio Público de Bicicletas de la Ciudad, ya que el Articulo 27° de la Ley N° 2.586, mediante la cual se crea el Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB), estipula que en caso que se decida la concesión del servicio, dicha concesión debe ser por plazo mayor a los 5 años y por lo tanto las condiciones de concesión deben ser aprobadas por la Legislatura de la Ciudad.

Rafael Gentili señaló que “Mauricio Macri avanza con sus proyectos sin respetar la división de Poderes y las Leyes, porque sabe que si se discute en profundidad la política que propone para la Ciudad, y en este caso el sistema de bicicletas, no hay más que negocios para los amigos. La Ciudad invirtió mucho dinero en el Sistema de Bicicletas, ahora que está en funcionamiento se lo quieren dar a un privado para que lucre con el sistema. Debe discutirse en profundidad en la Legislatura”.

Al respecto, Facundo Di Filippo sostuvo que “la privatización del sistema de bicicletas de la Ciudad que propone Macri, no es más que otra muestra de la política y visión privatista que tiene Macri de la ciudad y lo público, y de que para garantizar negocios a los privados está dispuesto a violar todas las leyes que se le interpongan. La historia es siempre la misma: negocios a costa del dinero de todos los porteños”.

Por su parte, Félix Aníbal Cariboni dijo que “el tema no es solamente si el servicio debe ser gratis o pago, o si debe ser administrado por el Estado o por un privado. El tema es que el Gobierno creó la oferta y la demanda, invirtió mucho dinero en infraestructura vial, vehículos y equipamientos, publicidad, inscribió una cantidad de usuarios de las estaciones y ahora se lo entregan a un privado y para colmo le paga una suma por mes. ¿Cuál es el chiste? No hay inversión ni riesgo empresarial, el Estado se usó (y se usa) para beneficio de un negocio privado”.