La iniciativa defendida el jueves pasado por el equipo económico del Gobierno nacional obtuvo el aval de tres comisiones controladas por el kirchnerismo. Para tratarlo en el recinto habrá sesión especial. Diputados lo convertirá en ley una semana más tarde.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión, y de Justicia y Asuntos Penales terminaron de debatir este martes el proyecto relacionado con el blanqueo de capitales defendido el jueves pasado, en la Cámara alta, por el equipo económico del Gobierno nacional: luego de casi seis horas, el oficialismo impuso su mayoría y firmó el respectivo dictamen de mayoría.
El bloque kirchnerista, cuyo titular es el rionegrino Miguel Pichetto, pedirá sesión especial para votar el texto en el recinto el 22 de mayo, mientras que Diputados lo convertirá en ley siete días más tarde.
Durante el debate expusieron el economista y ex candidato a vicepresidente por Udeso, Javier González Fraga; el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger; la ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alicia López; el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy; el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen; el ex titular del BCRA Aldo Pignanelli; y el economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Matías Tombolini.
También disertaron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio De Mendiguren; el economista Héctor Valle; al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss; y el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Roberto Arévalo.
El proyecto de ley autoriza la emisión del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico. Se establece asimismo un “régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”.
La palabra de algunos expositores durante el debate
Julio Gambina (Doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política): aseguró que la propuesta que se hace es para captar dólares que se “requieren para cumplir con el pago de deuda externa y la elevada factura energética”. En ese sentido, detalló: “Los pagos de deuda son un problema y un tema no resuelto. La factura energética es un tema muy serio en el marco de crisis energética mundial”.
Por último, Gambina manifestó que el proyecto “incrementa la deuda pública dolarizada”.
Roberto Durrieu (abogado y consultor en prevención del lavado de dinero, corrupción y frauda para organismos públicos y privados): “Corremos peligro de que el crimen organizado, que son verdaderas empresas del delito, vean la oferta pública que estamos haciendo como una ventana para introducirse en la Argentina”.
El abogado pidió modificar los artículos 9, 14, 15 y 16, y advirtió: “Se quieren traer capitales de evasores pero sin querer, quizá por contradicciones en las cláusulas, se puede permitir que junto a ésos vengan los de la delincuencia organizada”. Además dijo que “cuando el crimen organizado ingresa de manera impune, luego, reconstruir la ruta del dinero para sacarlos se hace muy difícil”.
Sonia Escudero (senadora del peronismo disidente-Salta): “Hoy hay una presión fiscal muy grande, economías regionales complicadas. En el fondo veo una gran injusticia. Al trabajador, a la clase media, todo el rigor de la ley, y a los evasores, jubileo permanente”.
Gerardo Morales (senador de la Unión Cívica Radical-Jujuy): pidió insistentemente –el oficialismo, de la mano de Aníbal Fernández, se hizo el distraído durante toda la tarde- la presencia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en el plenario del Senado –aunque sea, entrar en cuarto intermedio para recibirlo este miércoles-, para que el proyecto “tenga un mínimo viso de transparencia”. En ese sentido, detalló que “si no, se formaliza la sospecha de que éste va a ser un mecanismo para que los que se han llevado la plata de la obra pública” puedan blanquearla.
Nicolás Dujovne (economista): expresó que el proyecto tiene “muy pocas chances de ser exitoso”, y agregó que “ahora no se le pide a quien ha generado recursos no declarados que se exteriorice”, sino “que se los dé al Gobierno –nacional- en un momento en el que el Tesoro se encuentra bajo la sospecha” de los inversores.
Roberto Arévalo (titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina): reconoció que hay un “alicaído mercado inmobiliario” y consideró que el proyecto es “muy positivo”.
Gustavo Weiss (presidente de la Cámara Argentina de la Construcción): expresó que la reactivación del sector de la construcción significa aumento de la actividad en “los comercios de insumos”, lo que “significa mayor actividad económica y empleo”, aunque sostuvo: “Tenemos que tener cuidado en la reglamentación, en la letra chica. La idea es que podamos tener pautas claras sobre cómo tendría que funcionar esta reglamentación a efectos de que esto termine en el desarrollo de la industria”.
