A través del decreto 162 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a licitación a empresas para la recolección de los residuos urbanos proponiendo un contrato por 29 mil millones de pesos a diez años y con actualización inflacionaria, el mismo supera en 600 millones el presupuesto anual en vigencia y es el más alto que el Gobierno porteño haya pagado hasta ahora. Sin embargo, el único agente que hace años separa y recupera materiales reciclables en la Ciudad, los cartoneros, algunos de los cuales están organizados en cooperativas, no reciben remuneración alguna por su tarea, ni la logística y atención sanitaria que prometió proveer el Estado.

Según la propuesta que deberá adjudicarse en el próximo mes de junio, la Ciudad quedó dividida en siete zonas, seis de las cuales serán territorio de empresas privadas, a un costo por cuadra de 130.000 pesos que duplica el de la empresa estatal a cargo de la Comuna 8. Se plantea llegar del 60% al 100% de conteinerización en la Ciudad, agregando en todos los barrios recipientes “campana” verdes para los materiales reciclables y reemplazando los actuales contenedores, algunos instalados hace menos de un año. Los contenedores negros serán metálicos y casi tres veces más grandes que los actuales, mientras que los verdes serán más cerrados para impedir la manipulación de materiales reciclables como cartón, papel, plástico o vidrio. Los cartoneros denuncian que los nuevos contenedores verdes no son “antivandálicos” sino “anticartoneros”, porque quienes recogen estos materiales de manera individual por los barrios no van a poder acceder a ellos si no están organizados en las cooperativas que reciban los materiales a separar después de su recolección por parte de las empresas.

Los contratos actuales con las empresas recolectoras están vencidos desde el 2009, y esta nueva contratación millonaria se da en el marco del compromiso del Gobierno de la Ciudad de reducir en un 78% para el 2014 los residuos que van a disposición final al relleno sanitario Norte III del CEAMSE de José León Suárez cuya capacidad ya está colapsada. En la Ciudad rige desde el 2005 la Ley 1854 de Basura Cero que obliga al Gobierno porteño a reducir los residuos en un 30% al 2010, 50% al 2015 y 75% al 2017. Inversamente en 2010 la basura porteña que se entierra en el Conurbano había aumentado en un 20%, cerca de seis toneladas diarias. Recién este año se empezaron a reducir los residuos, con la recuperación de una tonelada de escombros y con la apertura de una planta para la separación de materiales del propio CEAMSE, actualmente operado por la empresa Roggio. La problemática respecto de la reducción de la basura incluye un polémico proyecto de incineración, mecanismo que hace décadas no se utiliza en la Ciudad y que está expresamente prohibido por la Ley de Basura Cero por ser altamente contaminante, según denuncian organizaciones ambientalistas como Greenpeace.

La extensión de los contenedores a toda la Ciudad es una política pública correcta porque aporta a la limpieza. Cuando caminamos cotidianamente por las calles vemos que la Ciudad está muy sucia. El problema es que no se piensa en una gestión integral del problema de la basura urbana. Las empresas de recolección deberían cumplir con las frecuencias de recolección, lavar los contenedores para evitar malos olores, limpiar veredas y calles en zonas de alto tránsito de todos los barrios y no sólo en la llamada “zona boutique” de la calle Florida como se está proponiendo. No se controla el incumplimiento de las empresas privadas y se las premia con contratos más onerosos. A la vez no se lleva adelante una campaña de educación ambiental para que los vecinos separen en origen los residuos lo cual hace fracasar las políticas aunque se coloquen contenedores negros y verdes. Por otra parte si entre un 30 y un 40% de la basura se puede recuperar y reciclar con enormes beneficios ambientales es increíble que no se valore y dignifique la tarea de los cartoneros.

Desde la Comisión de Políticas Sociales y Economía Social del C.E.yS., que coordino e integrada por instituciones gremiales, profesionales y confesionales como Pastoral Social y AMIA, se está realizando un mapeo y diagnóstico del desarrollo del sector de la Economía Social en la Ciudad. En ese contexto se visitaron distintos Centros Verdes donde operan las Cooperativas de Recuperadores Urbanos como El Ceibo en el barrio de Palermo y Reciclando Sueños en Soldati.

La situación en la que realizan la tarea las cooperativas de cartoneros es altamente precaria. Doce cooperativas tienen asignadas zonas donde reciben los materiales reciclables para su separación de grandes generadores como restaurantes, shoppings y edificios de más de veinte pisos. Sin embargo su trabajo es “ad honorem” porque no reciben paga alguna y no cuentan con la tecnología adecuada. No están garantizados los uniformes, atención en seguridad e higiene, y los que cuentan con monotributo social son rechazados por las obras sociales por su trabajo insalubre. Los trabajadores reciben una parte de la venta de los materiales con un precio muy bajo que fijan las empresas compradoras sin intervención del Estado. Son sectores sociales muy vulnerables que realizan esta labor como un modo de subsistencia, y sin embargo no son apoyados por el Gobierno de la Ciudad que vuelve a priorizar los negocios de las empresas privadas.

Coordinadora del Consejo Económico y Social de la CABA y referente de Libres del Sur