Cuando Juan Perón se entrevistó en 1945 con Spruille Braden, embajador de los Estados Unidos, este último le solicitó que entregara las empresas alemanas nacionalizadas a capitales norteamericanos. A cambio, le prometió la gracia de las redacciones periodísticas de la Argentina y del mundo occidental. Perón le respondió con una frase que se ha eternizado en la conciencia del pueblo Argentino y latinoamericano “A ese precio, prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos. Porque no quiero – y disculpen la expresión – llegar a ser popular en otra parte por haber sido un hijo de puta en mi país.” Hoy observamos con preocupación cómo muchos referentes políticos invierten esta ecuación y sucumben a los favores de los grupos concentrados con el deseo de alguna efímera relevancia en los medios monopólicos de comunicación.

Esta semana, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri dictó un Decreto de Necesidad de Urgencia donde establece una serie de medidas para proteger la libertad de empresa del Grupo Clarín. El DNU plantea una virtual intangibilidad de las licencias y beneficios para los grupos mediáticos, contradiciendo el principio de “interés público” de los medios de comunicación garantizado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Esto se traduce en la ultraprivatización del espectro, otorgándole a las empresas licenciatarias la potestad para disponer de las mismas a discreción y la garantía de que estas licencias sólo podrán ser transferidas “con la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios”.

Imaginemos por un momento que esta misma normativa se aplicara a otros servicios, como el transporte, la provisión de luz, gas o agua. Esto significaría para el Estado la pérdida de cualquier potestad para rescindir una concesión sin el consentimiento de la empresa concesionaria. Una aberración que regala soberanía y pondría un acuerdo contractual a la altura de un derecho.

El ingeniero Macri le está entregando al lobo la llave del gallinero. Autogobierno absoluto de los grupos concentrados de medios. Libertad de empresa en vez de libertad de prensa. Este decreto es una patente de corso para el Grupo Clarín, a quien se le está terminando el plazo para adecuarse a la ley vigente y necesita de una última salida para su salvaguarda.

El DNU 2/2013, de carácter secesionista, pretende poner a la Ciudad de Buenos Aires por fuera del ordenamiento general, negando la aplicación de una Ley Nacional y contradiciendo el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Por otro lado, no se explica ni se sustenta en ninguna tradición del Derecho la creación de un fuero ad-hoc para una actividad profesional específica como se pretende en esta normativa. La creación de una Corte VIP para intervenir en materia de actividades periodística no puede ser otra cosa que el lugar donde se atenderán con prioridad y privilegio los reclamos del Grupo Clarín.

A la hora de proteger los intereses de grupos concentrados el Jefe de Gobierno no se detiene en tibiezas. Con el pretexto de una autoproclamada “urgencia” legisla de manera unilateral y fuerza una votación a libro cerrado en la Legislatura. Sorprende ver a muchos referentes de la oposición al kirchnerismo, que se rasgan las vestiduras democráticas ante cualquier ejercicio de facultades del Ejecutivo Nacional, ir al pie de esta iniciativa del PRO sin matices ni consideración por la investidura de la República ni la independencia de poderes.

Queda claro, entonces, que con este decreto no se está defendiendo ni la autonomía ni la libertad de expresión, sino la subordinación del poder político al poder económico. De esta manera, el PRO confecciona un manto de protección jurídica hecho a la medida de las necesidades del Grupo Clarín.

Claudia Neira es diputada de Buenos Aires 20/21