La supremacía de la Constitución será puesta a prueba en los estrados judiciales si persiste el avance oficial sobre los medios, ante nuevas normas de protección que la justicia local de la Capital Federal dispone para entender en casos de ataques a la libertad de expresión y de prensa.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta ahora con un “Régimen en defensa de la Libertad de Expresión” que el jefe de gobierno porteño ha dictado para dirimir las controversias en materia de libertad de prensa en su jurisdicción.

La nueva norma ha creado un fuero especial en esa materia, un Tribunal de Defensa de la Libertad de Expresión y de Prensa. Establece que ninguna ley ni demanda ni acto de autoridad podrá restringir la difusión de informaciones, ni la línea editorial de un medio, ni imponer la censura previa. No podrá restringirse la libertad de imprenta ni los servicios que se prestan por Internet.

Los medios sólo quedan sujetos a leyes generales de defensa de la competencia. No podrán aplicarse leyes ni actos de funcionarios que restrinjan el funcionamiento de los medios, o que establezcan embargos, nombren interventores o dispongan clausuras o confiscaciones de bienes. Los periodistas no estarán obligados a revelar sus fuentes de información y ninguna autoridad puede invocar leyes federales ni locales, en contra de ellos ni de los medios domiciliados en esa Ciudad.

La iniciativa porteña responde a la amenaza latente de intervención a medios no oficiales que -por presuntas razones económicas-, estaría pergeñando la Comisión Nacional de Valores, para permitirle al gobierno echar empleados, vetar decisiones y remover directores de empresas.

Por su impacto en la convivencia democrática, este inédito abuso de poder significará arrasar todo un catálogo de derechos y garantías constitucionales sobre la libertad de expresión y de prensa en nuestro país.

Desde luego, un escudo de protección legal y judicial para periodistas y medios de comunicación despierta nuestro mayor respaldo. Pero también obliga a asumir responsabilidades para impedir nuevas violaciones a la libertad de prensa, de manera de asegurar su más plena vigencia en todo el territorio nacional.

Nos preguntamos si el convite que se proyecta sobre las Provincias para aumentar los contenidos de protección a periodistas y medios con normas locales, resulta adecuado al sistema federal que nos rige. Y la respuesta es muy clara. No sólo la Nación puede imponer su criterio en esta materia.

La libertad de expresión y de prensa está consagrada con un piso de protección en nuestra ley fundamental, que las jurisdicciones locales pueden aumentar pero no disminuir. Ello es así en virtud del artículo 32 que impide se imponga la jurisdicción federal en materia de prensa y del llamado “bloque de constitucionalidad federal”, que guía la interpretación judicial de nuestra Constitución. Toda ley para ser válida requiere ser concordante con el bloque de constitucionalidad federal formado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.

A partir de la reforma de 1994, once instrumentos internacionales de derechos humanos que enumera en su texto y otros tratados, bajo ciertas condiciones, alcanzaron jerarquía constitucional y comparten su misma supremacía.

Al respecto, la Nación y las Provincias deben cumplir el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado también Pacto de San José de Costa Rica, por el cual toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y no puede estar sujeto a previa censura. Tampoco se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Hoy en día, como en distintos momentos de nuestra historia, la UCR ha venido aportando siendo el guardián de los principios fundamentales de la convivencia democrática y solidaria. Vanguardia de las reformas sociales y pionera de la libertad de expresión frente a cualquier sujeción política, el radicalismo tiene que hacerse cargo de jugar a fondo, “en todo y hasta el fin”, su contribución fundamental a la orientación y guía del comportamiento ciudadano.

Maldonado es diputado nacional de la UCR-Chaco