Está trabajando en el tema la diputada del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu, quien viene desarrollando encuentros con actores del sector para consensuar la iniciativa que presentará en la Cámara baja.
La diputada nacional Silvina García Larraburu se encuentra trabajando en una ley nacional de Turismo Rural, que tendrá por objetivo establecer políticas públicas de fomento, desarrollo y promoción de este tipo de turismo, como así también regulará las actividades que lo integran.
“En los últimos años presenciamos un fuerte auge de este tipo de emprendimientos, que se presentan como una vía alternativa para el crecimiento de las economías regionales. La creación de una legislación al respecto, surge de la necesidad de impulsar la actividad por medio de una política de planificación estatal que diseñe rutas y circuitos turísticos, unifique los criterios de la prestación de servicios y lo más importante: promueva formas asociativas entre los productores, con una visión integral que incluya a las comunidades locales y las convierta en protagonistas del desarrollo de sus pueblos”, argumenta la diputada patagónica.
Con el propósito de intercambiar opiniones y puntos de vista con los principales actores del sector, y de esta manera consensuar el proyecto de ley a presentar en la Cámara de Diputados; el equipo de colaboradores de la diputada participó en el Foro Nacional de Turismo Rural- Mil x Mil. En el mismo, se evidenció la necesidad de legislar al respecto y se trazaron las líneas de trabajo para acordar las especificidades que debe incluir el proyecto.
El anteproyecto de ley de García Larraburu, muy bien recibido y elogiado por la organización de Foro, instaura como principios orientadores: el desarrollo sostenible con inclusión social de las comunidades implicadas, con especial consideración de las comunidades de los pueblos originarios; el protagonismo activo de agentes locales; el afianzamiento de la identidad local y la promoción del intercambio cultural con los turistas; el respeto por el patrimonio natural y cultural, especialmente cuando estén relacionados con comunidades de los pueblos originarios; la mejora de la calidad de vida de las poblaciones; la generación de trabajo genuino que permita el arraigo de las nuevas generaciones en las comunidades y el desarrollo local de agronegocios ambientalmente sustentables.
“Esperamos arribar a un rápido acuerdo entre todos los actores de la actividad y llegar con una propuesta sólida al Congreso, para que la sanción de esta legislación actúe como un disparador de esta incipiente industria y permita la diversificación productiva, con inclusión social, de los pueblos rurales de nuestro país”, finalizó la diputada.
