Tras el anuncio presidencial de que habrá militantes para controlar los precios de los comerciantes, desde la oposición partieron cuestionamientos de todo tipo.
Numerosos legisladores salieron a retrucarle al Gobierno ante la propuesta de que sean los militantes los que se ocupen de controlar los precios.
El diputado nacional por el Frente Peronista Eduardo Amadeo advirtió que “las milicias populares no solo fracasan, sino que son fuente de corrupción y violencia”. El legislador nacional se refirió de esta manera luego de que la Presidenta indicara a la militancia oficialista que debía cumplir con el control de precios.
“Si la presidenta entendiese lo grave que es la inflación para la gente, en lugar de repetir fórmulas fracasadas, trataría de arreglar la economía”, sentenció Amadeo.
La diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich se señaló que “la presidenta no puede seguir provocando e invitando a la violación permanente de la ley”.
“No tiene autoridad alguna para armar milicias que controlen los precios, e diremos a todos los comerciantes que no permitan que estas milicias ciudadanas se conviertan en una policía presidencial”, advirtió. Bullrich.
Por su parte, el diputado radical Miguel Giubergia se preguntó a través de su cuenta de Twitter “cómo saldrán los militantes del programa Mirar para Cuidar. ¿Con las camisas pardas o las camisas negras?”. Preguntó también sobre los anuncios presidenciales si el fondo de desempleo no será aumentado y si “seguirán cobrando una miseria los que perdieron su trabajo”.
“¿Para cuándo el freno al saqueo salarial que se ejecuta con el impuesto a las ganancias?”, se preguntó, agregando: “¿Para cuándo el impuesto a la renta financiera?”.
También protestó el jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, para quien “los controles de precios son informales y están contra le ley”. Asimismo señaló que “el control por grupos partidarios es propio de un Estado Policial y no de un Estado de Derecho”.
“Esto se parece cada vez más a Venezuela, donde los controles de precios terminaron con la desaparición de productos básicos como el papel higiénico”, concluyó Pinedo.
El diputado nacional Miguel Bazze afirmó “la presidenta degrada permanentemente el funcionamiento institucional del Estado”.
“Que haya anunciado que los jóvenes militantes de su partido van a realizar tareas de control de precios y de inspección en centros comerciales es una demostración de que no comprende cual es el límite entre el Estado y el partido de gobierno”, dijo.
“El control de precios debe hacerlo con inspectores destinados a tal fin, a los que por otra parte debe controlar para que realicen adecuadamente su tarea, y no con jóvenes militantes de su partido que no tienen por qué detentar un poder que no tienen asignado por la administración estatal”, señaló Bazze. Para el diputado radical “esta falta de capacidad que caracteriza al gobierno, y que es propia de los proyectos populistas, degrada sistemáticamente el funcionamiento institucional del Estado y encierra peligros importantes generados por los excesos que inevitablemente cometen quienes se ven investidos de un poder que no les corresponde y que solo surge de su pertenencia a determinada agrupación política”.
A su vez, la diputada Cornelia Schmidt-Liermann (Pro) dijo que “el control por grupos partidarios no tiene ninguna legitimación institucional. Este mecanismo es ilegal”, y agregó que “esta acción no favorece el control de precios”. En este sentido, Schmidt-Liermann afirmó que “el Gobierno se empecina en implementar medidas cortoplacistas que no resuelven los problemas económicos de los argentinos. La Presidente debería reconocer la inflación que afecta a nuestro país y buscar una alternativa efectiva para combatirla”.
“Una vez más salta a la vista que la política kirchnerista no tiene en cuenta a la gente”, lamentó la diputada nacional.
En el mismo sentido, el legislador porteño de Unión por Todos Juan Pablo Arenaza dijo que “la presidente dará el poder a organizaciones paraestatales para controlar los precios y este ejercicio nada tiene que ver con un Estado de derecho republicano. El control de precios debe de estar a cargo de la Secretaría de Comercio”.
“La habilitación de grupos paraestatales y de militantes oficialistas para controlar los precios darán lugar a episodios poco claros y violentos. No les corresponde a estas organizaciones llevar a cabo este tipo de acciones que se convertirán en una herramienta más de presión kirchnerista”, concluyó el presidente de Unión por Todos.
