Legisladores y organizaciones de derechos humanos repudiaron “contundentemente” el pedido de José Manuel de la Sota de negociar con los genocidas y reducir penas por delitos de lesa humanidad a cambio de información sobre el destino de los desaparecidos durante la última dictadura militar.

El gobernador de Córdoba se había expresado en favor de “un baño de reconciliación” y la reducción de penas para los genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay algunos que hacen de la política del resentimiento y no han hecho política de derechos humanos”, sostuvo el mandatario en declaraciones al Canal 26.

Las críticas no tardaron en llegar. El titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja y hermano de la desaparecida Laura Carlotto, Remo Carlotto (FpV), consideró que “plantear la reconciliación es alimentar la impunidad, es un razonamiento cínico de aquellos que no están comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos”.

En el mismo sentido, Juan Cabandié, legislador porteño del FpV e hijo de desaparecidos, afirmó: “Esas posturas de pacificación son las que promueven desde algunos sectores de la oposición para arrodillarse ante (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto, quien tiene las manos sucias porque consiguió Papel Prensa en una sala de torturas”.

“Rechazamos terminantemente las declaraciones de De la Sota, convocando a la reconciliación y a la reducción de condenas de los genocidas. Apoyamos firmemente el camino histórico por memoria, verdad y justicia. No perdonamos, no nos reconciliamos, ni ahora, ni nunca”, expresó la diputada bonaerense Graciela Iturraspe (Unidad Popular-FAP) en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el diputado cordobés Fabián Francioni (FpV) aseguró que “De la Sota es el fiel reflejo del menemismo, su postura se asemeja al indulto del neoliberalismo de los '90 y pareciera que no se enteró de que esa decisión política de impunidad para los genocidas quedó atrás, y que en el 2003 se inició un proceso para que se haga justicia por el terrorismo de Estado”.

Las reacciones adversas a los dichos del gobernador se canalizaron a través de los medios oficiales, particularmente la agencia oficial Télam. De ahí que ante ello la Secretaría de Comunicación Pública de la Provincia emitió un comunicado el miércoles por la tarde acusando a la agencia oficial de noticias de estar “al servicio de maniobras promovidas por el gobierno de Cristina Kirchner en contra de los cordobeses”.

“El Gobierno de la Provincia de Córdoba denuncia y expresa su más enérgico repudio por la manipulación que la agencia oficial de noticias Télam, puesta al servicio del kirchnerismo, está realizando con declaraciones que el gobernador José Manuel de la Sota formulara el martes por la noche en una entrevista concedida al periodista Alfredo Leuco en su programa Le Doy mi Palabra, emitido por Canal 26”, expresó la secretaría. Allí señalaron que “en una campaña que ya es sistemática en contra del gobernador De la Sota y su administración, Télam afirmó en un cable que el mandatario cordobés propuso reducir penas a los genocidas que encabezaron el último régimen militar en el país. Esta afirmación es falsa y forma parte de un plan de difamación y desprestigio que el kirchnerismo sostiene sobre De la Sota y Córdoba y que tiene a la agencia Télam como uno de sus instrumentos”.

Ante ello, el Gobierno cordobés reprodujo textualmente las declaraciones de De la Sota en el programa de Alfredo Leuco:

“El Gobierno nacional está llevando una ofensiva contra nosotros. No nos paga lo que nos debe. $3.200 millones. A pesar de eso, nosotros seguimos construyendo autopistas, hospitales, tenemos los programas sociales al día, aumentamos 26% los sueldos, y todos los jubilados cobran antes de que termine cada mes. También hay organismos del Estado que tratan de desprestigiarnos. Pero nosotros estamos comprometidos con los derechos humanos de todos, no porque hagamos política con los Derechos Humanos para juntar votos. Yo he sido un preso político. Yo sufrí el terrorismo de Estado, me hicieron simulacros de fusilamiento. Y me oriné encima, cuando sentía que las balas me pasaban al lado. Pero nunca hice campaña con eso, porque ser víctima del terrorismo de Estado me convierte en eso, en víctima. No me hace ni mejor ni peor que quienes no lo fueron. No me hace bueno. Ser bueno me lo tengo que ganar gobernando. Sin embargo, hay algunos que hacen una política del resentimiento y que no han hecho políticas de derechos humanos.

“Se acaba de morir Videla, un asesino. Se murió de viejo. Los que él asesinó no tuvieron la misma suerte porque eran jóvenes. El Gobierno, que reclama verdad y justicia, porqué no buscó quebrar la coalición de los torturadores y asesinos del terrorismo de Estado, como se hace en otros países como Estados Unidos o Sudáfrica, donde se les ofrece a algunos una reducción de las penas si ellos dicen dónde están los que nos faltan, dónde están los hijos y los nietos desaparecidos. Tal vez así alguien se podía quebrar. Pero acá parece que todo pasa por decirles ‘los vamos a reventar’ y entonces nadie se desabroquela. Y Videla se muere sin decir la parte de la verdad que se llevó a la tumba.

“Yo no daría ni un paso atrás en materia de Derechos Humanos, pero sí daría un paso adelante. Quisiera que vayan presos los asesinos de José Ignacio Rucci, que gozan de buena salud”.