Años más tarde, Néstor Kirchner produjo la transformación del Congreso en una escribanía fedataria de las decisiones del Gobierno nacional, y así el pluralismo, la participación, el debate de ideas que buscaban los constituyentes fueron soslayados para imponer la voluntad única de la mayoría circunstancial y la labor en base a iniciativas del Poder Ejecutivo.

El kirchnerismo en el Gobierno frustró confianzas y posibilidades del mejor momento económico en 100 años y promovió un fenomenal retraso en la cultura democrática.

Quiebra de la matriz energética; crisis del sistema de transporte –cargas y pasajeros-; subsidios sin control; creciente inflación; la (ya) ridícula mentira del INDEC; o el mayor centralismo que golpea al federalismo y dinamita las economías regionales, dejan en negro sobre blanco los fracasos de 10 años de caprichos propios y negocios con amigos del poder.

Sin lugar a dudas, leyes como el matrimonio igualitario, la protección de niños, niñas y adolescentes; la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; la recuperación de YPF para el Estado -luego de la vergonzosa privatización de los 90 y la supuesta argentinización de 2007, opuestas medidas promovidas por el justicialismo en el poder- han sido necesarias leyes de ampliación de derechos y defensa de soberanía.

Sin embargo, a 30 años de cerrar una de las etapas más dramáticas, oscuras y trágicas de la historia argentina, nos encontramos frente a más intolerancia, fundamentalismo y clientelismo; exacerbación del personalismo político y corrupción enquistada, cuando la democracia recuperada nos auguraba más libertad, solidaridad, entereza moral y plena vigencia de instituciones y derechos ciudadanos.

Superpoderes; leyes de Emergencia; DNUs que modifican arbitrariamente partidas presupuestarias; recursos de los jubilados (ANSES) destinados a planes universales que debería solventar el Tesoro; blanqueos para delincuentes, entre otras, siguen siendo las irresponsables estrategias a las que recurre la Primera Mandataria aún cuando destaca en su relato los éxitos de un proyecto nacional, popular y progresista.

Recuperar el funcionamiento pleno de las instituciones, reafirmando la independencia de los poderes del Estado para garantizar un ejercicio equilibrado y recíprocamente controlado del Gobierno, como forma de evitar los desbordes que inició el menemismo pero no abandonó sino que sistematizó el kirchnerismo, debe guiar el trabajo parlamentario en los años venideros.

En términos de iniciativas, el Congreso en los próximos años deberá ocuparse –como mínimo- de la cuestión federal para establecer una sana relación entre la Nación y las provincias; la normalización del INDEC para terminar con la manipulación de las estadísticas; y una norma de acceso a la información pública para darle transparencia a las decisiones gubernamentales.

En el mismo sentido, la recuperación del tren como infraestructura necesaria para el trabajo y la producción; políticas ambientales de protección; incentivos a las PyMEs; o el establecimiento de una tarifa social de servicios públicos y ampliación del acceso a los mismos; un régimen penal juvenil y la universalización real (por ley) de la Asignación por Hijo, entre otras, son normas fundamentales que deben ser sancionadas sin demora para restablecer la convivencia entre argentinos como lo han soñado tantos que dieron su vida por la Patria.