El objetivo del proyecto de ley de Exteriorización de Capitales, con media sanción en el Senado y que considero es oportuno, está vinculado con la cantidad de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema económico y financiero, que se estiman en 50 mil millones de dólares. Argentina es el segundo país, después de Estados Unidos, que es el país que los imprime, en cantidad de dólares per cápita. En nuestro país tenemos 1300 dólares per cápita, Brasil 6.

Esta dolarización es producto de los procesos económicos neoliberales que se instalaron en nuestro país desde el 55, que se profundizó con el golpe del 76 y en los 90. Recordemos los fuertes procesos inflacionarios, la flexibilización laboral y la pérdida de empleo, el cierre de la industria nacional, las cuasi monedas que iban de la mano de la ilegítima y enorme deuda externa que adquiría nuestro país y la imposibilidad de financiar al Estado con fondos propios. Todas estas, restricciones fueron superadas por este Gobierno Nacional y Popular. Néstor Kirchner pagó la deuda externa y empezamos a nacionalizar los recursos del Estado, los fondos de pensiones y jubilaciones, Aerolíneas Argentinas, YPF; ahora el Belgrano Cargas, por decreto de Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa trata de recuperar para la economía estos fondos que durante mucho tiempo han acumulado los argentinos, para generar inversiones y trabajo. Crea instrumentos financieros que tienen el objetivo de exteriorizar capitales de moneda extranjera en el país y en el exterior, destinándolos exclusivamente al financiamiento de inversión pública en sectores estratégicos, claves para el desarrollo de una Nación como lo son el sector energético e inmobiliario.

En la normativa se deja expresamente definido que no se eximirá a nadie de cumplir con la legislación vigente sobre la Prevención del Lavado de Activos, por lo que resulta improcedente y tendencioso decir que es un inmerecido premio a quienes realizan actividades marginales e ilegales, las cuales son duramente condenadas en la normativa imperante sobre Prevención de Lavado de Activos y que se dejan claramente salvaguardadas.

Decir que “ no importa si vienen de contrabando, de la trata de personas, de la droga, el defalco o de actividades que éste y otros gobiernos nunca controlaron y además alentaron”, es un claro desconocimiento de la Ley y de los Tratados Internacionales, en donde explícitamente se encuadra el Lavado de Activos, en el origen de actividades relacionadas con la comisión de Delitos con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737); Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415); Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; Delitos de fraude contra la administración pública; Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil(previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal); Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal); Extorsión (artículo 168 del Código Penal); Trata de personas; entre otros.

Sentirse acosado por el Estado ante la obligación de informar el origen de los fondos con los cuales se compra un automóvil o una casa, es desconocer que es la base de una Economía formalizada o “legalizada” por lo que pregonar lo contrario es fomentar la “ilegalidad”. El Estado tiene como función básica la de administrar y controlar los recursos provenientes de los impuestos y es quien establece las políticas públicas a seguir para el beneficio de los Argentinos, por lo que no querer informar, es no querer contribuir con una sociedad más justa y equitativa, privando al Estado de su fuente principal de recursos.

Este gobierno fue el que con mayor esfuerzo ha luchado por la formalización de la economía, esta es una medida que va en pos de los objetivos planteados. No sólo debemos combatir al evasor a través de sanciones, multas y penas, sino que también es la otra cara de la moneda de cualquier sociedad que busca superarse a sí misma, dar la oportunidad de que se reinserten a aquellos que por diferentes circunstancias han quedado fuera del Sistema, no permitiendo que provengan de actividades ilícitas, sino conociendo la realidad de un país que a través de los años fue perdiendo la confianza en su moneda nacional y fue atesorando sus recursos en dólares.

A pesar de la puja egoísta de las corporaciones este gobierno disminuyó la brecha entre pobres y ricos, luchando contra los poderes mezquinos de aquellos que desde las sombras solo quieren crear pánico y confundir.

Los avances alcanzados por el nuevo esquema de políticas han sido fundamentales para la construcción de una sociedad más equitativa. La expansión del empleo registrado, la reducción de la desocupación, el incremento de los salarios, la dinamización de la negociación colectiva y la ampliación de la cobertura del sistema de protección social; han dado lugar en estos últimos diez años a un proceso de mejora significativa de la distribución del ingreso, como no se había observado al menos desde mediados de la década de los setenta.

Desde el punto de vista de la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital, podemos advertir que en el período comprendido entre 2002 y 2008 los asalariados incrementaron progresivamente su participación funcional en el producto. En efecto, en el año 2002, los trabajadores en relación de dependencia concentraban un 34% del producto; mientras que en 2010 las remuneraciones de los asalariados representaban un 44% del producto. Esto significa que en seis años los trabajadores incrementaron en 10 puntos porcentuales la proporción de los ingresos que perciben del total de la renta generada por la economía nacional.

En síntesis, los resultados más relevantes del conjunto de políticas implementadas durante los últimos diez años mediante una activa participación del Estado en la puja distributiva, revirtieron años de políticas de exclusión en las acciones de los gobiernos precedentes y fueron determinantes para propender a una sociedad más ecuánime. No escapará al lector que el camino a recorrer sigue siendo todavía extenso, no obstante ello, el actual modelo económico y social ha demostrado ser el más eficiente de los últimos 50 años.

Por último, es necesario recordar que cada vez que en la Argentina la distribución de la renta nacional favorece a los trabajadores, comienzan las campañas del miedo y el desánimo. Basta ver quiénes son los profetas de la catástrofe. No olvidemos los argentinos cómo terminaron estas campañas en el 55 y en el 76. Cuidemos lo que logramos en esta década ganada.

Elena Corregido es senadora nacional FpV. Chaco