La presidenta del bloque de diputados del Gen-FAP, Margarita Stolbizer, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en atención a lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Nación y el artículo18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946.

La iniciativa se fundamenta en la garantía de independencia y autonomía que debe regir al Ministerio Público y que a criterio de la denunciante Gils Carbó “pone en riesgo”. En especial, señala Stolbizer, cuando debe actuar frente a causas que involucran a miembros de los otros poderes.

“Las decisiones tomadas por la señora procuradora, y también las que no han sido tomadas en la forma debida, han puesto a la misma y al Ministerio Fiscal en general frente a la duda fundada sobre la preservación del principio de independencia que debió prevalecer pero aparece severamente vulnerado”, expresó Stolbizer.

La legisladora se refirió en el proyecto que promueve el juicio político, a las “irregulares” designaciones de fiscales que hiciera la procuradora Gils Carbó, para proceder al reemplazo del fiscal federal Guillermo Marijuan durante su licencia, y lo que ha motivado además la apertura de una causa penal judicial Nº 3.349/2013, en la que se investigará la posible comisión de ilícito penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y, en tal caso, la aplicación de las sanciones que correspondan y que son independientes de la acción política que promueve por este medio.

“No tiene la procuradora atribuciones para hacerlo que están solo reservadas al Congreso de la Nación (la designación de los fiscales federales). Estos funcionarios (fiscales) ni siquiera habían pasado por el procedimiento evaluatorio del Consejo de la Magistratura como para poder ser designados a cargo de una Fiscalía. Pero por otra parte, la Fiscalía actuante, tampoco estaba vacante”, fundamentó Stolbizer.

Para la diputada del Gen, resulta “muy importante el avance de la causa judicial, pero allí se dirime la existencia de un delito penal. Nuestro objetivo es abrir este juicio por responsabilidad política de la procuradora Gils Carbo, por el ejercicio irregular e ilegal de sus atribuciones, lo que constituye la causal de mal desempeño que exige la Constitución Nacional”.