Un diputado radical denunció presiones de intereses privados que quieren paralizar su aplicación. La norma hace dos años y medio que espera su reglamentación.
El diputado Hugo Maldonado se dirigió al Poder Ejecutivo Nacional para expresarle su preocupación por la excesiva demora en reglamentar y poner en ejecución a los mecanismos que ordena la ley 26.657 para que se pueda ejercitar el derecho a la protección de la salud mental.
En un proyecto de resolución señala que la ley indicada fue aprobada en noviembre de 2010 ,hace 30 meses, -una mora de 2 años y 6 meses- para poner en ejecución una medida de enorme necesidad social que esperan miles de personas afectadas por problemas de padecimiento mental.
Agrega Maldonado que la ley debe establecer el abordaje de las adiciones como parte integrante de las políticas de salud mental y garantizar a las personas con uso perjudicial de drogas, legales e ilegales lo que estable la ley como servicio de salud.
El diputado chaqueño afirma que asegurar esos derechos que marca esta postergada aplicación de la norma legal, es incluir a los que padecen estas graves patologías en el goce de los derechos humanos.
La norma legal promueve la atención de la salud mental a cargo de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados y para su correcto cumplimiento el diputado Maldonado pide que se incluya en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10 por ciento del presupuesto total de salud.
Indica el legislador que decenas de organizaciones-entre ellas el CELS la Federación de Psicólogos y la Red de Usuarios y Familiares– han manifestado su “preocupación por la demora en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental No 26.657, y solicitaron audiencia a la Presidenta de la Nación, al jefe de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Estos organismos manifestaron que “la demora no es burocrática sino política” y la vincularon con “presiones de la corporación psiquiátrica, especialmente en su vinculación con clínicas privadas”.
La ley que aguarda reglamentación y que fue avalada por la Organización Panamericana de la Salud y diversas entidades de derechos humanos, pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta al reemplazo de los “neuropsiquiátricos” por la atención de la salud mental en el marco de la comunidad. Según la coordinadora del equipo de salud mental del CELS Macarena Sabin Paz, “la reglamentación está detenida en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Advertimos una falta de voluntad política por sacarla adelante”.
Maldonado expresa que los afectados por los problemas de salud mental no pueden esperar más la reglamentación de la norma legal, porque la excesiva y inexplicable demora está perjudicando gravemente la salud de una parte de la población, con los perjuicios adicionales causados en sus familias por esta situación.
