El diputado nacional Hugo Maldonado impulsó a través de un proyecto la creación de la Comisión Bicameral para la Prevención de la Violencia y la Intolerancia en los Espectáculos Deportivos, en razón de que “los episodios de violencia e intolerancia en los espectáculos deportivos se inscriben cada vez con mayor impunidad y salvajismo, en una problemática que parece imposible de resolver y que hace imprescindible la acción del Estado, como principal garante del bien común, para unificar y profundizar las políticas públicas destinadas a erradicar esos flagelos”.

Expresa Maldonado que “desde hace varios años, el impulso de importantes iniciativas y la sanción de las leyes nacionales N° 23184, 24192, y 26358, no han logrado cambiar esta triste realidad, que se reitera de manera progresiva con actos de violencia y amenazas, con motivo y en ocasión de partidos de fútbol, en los que generalmente están involucrados los mismos protagonistas”,

“Por cierto -prosigue Maldonado-, nos compete a todos como sociedad resolver este grave problema, pero demanda principalmente de los poderes públicos una firme voluntad política y un serio compromiso, capaz de remover la indiferencia y hasta la complicidad de algunos, que hacen posible la acción degradante y perversa de los actores directamente involucrados. Se han instalado en un concierto difícil de desmembrar, intereses de un mundo oscuro, que juegan tanto en las internas políticas y sindicales, como en las utilidades de la droga, la reventa de entradas otorgadas por los mismos dirigentes, la explotación de espacios públicos y de toda prebenda que pueda obtenerse bajo extorsión o amenaza, hasta los beneficios de pases de jugadores profesionales”.
El diputado chaqueño sostiene que cuando en el fútbol se instala “la barra brava como sistema de cuño mafioso, pasa a convertirse en una verdadera asociación ilícita, destinada a coaccionar y obtener resultados por métodos repudiables, extorsiones y amenazas. En muchos casos se han apoderado de hecho de los clubes, manejan asambleas, imponen candidaturas en las comisiones directivas y contrataciones y bajas de directores técnicos y jugadores”.

Maldonado declara que “se trata de lograr además que el Estado no permanezca ausente a la hora de proteger el correcto desempeño de las entidades deportivas, y de asegurar a los asistentes sus derechos, tanto como el cumplimiento de sus obligaciones más elementales”. A su juicio, “no puede desertar el Estado de estas responsabilidades primarias, partiendo de la dimensión social que se le reconoce al deporte y de la común aceptación del espectáculo deportivo, como un medio para mejorar el bienestar general y la integración social”.

Entre los artículos principales de su proyecto, se establece que la comisión estará integrada por doce senadores nacionales y doce diputados nacionales elegidos por sus respectivos cuerpos, respetando la pluralidad de representación política. Tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con los fines para los que fue creada, pudiendo requerir informes de entes públicos o privados, organizaciones gubernamentales o civiles, convocar a audiencias, citar a funcionarios en áreas de gobierno vinculadas a la materia.

Un cuerpo técnico asesor estará integrado por un representante de la AFA, de cada asociación civil con personería vinculada a la erradicación de la violencia en el fútbol, un representante de familiares de las víctimas de violencia en el fútbol, uno de la Asociación de Futbolistas Agremiados, de la Comisión de Deportes de la Cámara baja, de la Comisión de Salud y Deporte del Senado de la Nación y un representante de la Secretaría de Deportes de la Nación. El plazo de duración de la Comisión será de 180 días, renovables por igual plazo por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras. El funcionamiento de la comisión será solventado con el presupuesto de ambas Cámaras en partes iguales.