La diputada nacional Elsa Álvarez (UCR-Santa Cruz) envió sus condolencias a la familia de Ángeles Rawson, la joven hallada muerta en un basural presuntamente violada y estrangulada, y criticó que un proyecto de su autoría que propone la creación de un “Registro Nacional de Violadores no se trata por una decisión política de los ‘garantistas’, quienes sostienen que estos registros violan derechos humanos esenciales de los condenados”.

“Si el registro nacional de violadores no se sancionó es por responsabilidad del oficialismo”, aseguró Álvarez. En ese sentido la diputada señaló que “el kirchnerismo hizo lo mismo con el caso Marita Verón, negaron su tratamiento y cuando absolvieron a los acusados y el agua les llegó al cuello, llamaron a extraordinarias y endurecieron las penas por los delitos de trata, y lo presentaron como un logro propio”.

La iniciativa presentada en noviembre pasado por la legisladora radical propone crear y organizar dentro del Registro de Reincidencia, un registro nacional para los casos particulares de quienes hayan cometidos delitos contra la integridad sexual.

“Se trata de proteger así a la población del potencial peligro que importa la existencia de esta verdadera lacra social que son los violadores. Debemos ejercer un mayor control sobre esta clase de delincuentes, habida cuenta del alto grado de reincidencia en su conducta”, fundamentó en su iniciativa.

“Además -continuó Álvarez- son públicos numerosos estudios científicos que coinciden en afirmar que quienes cometen estos delitos presentan un alto grado de perversión, el que se manifiesta en un profundo desprecio por la condición humana de sus víctimas”.

“Frente a esta realidad, la respuesta del Estado no puede ser otra que arbitrar todos los medios a su alcance para impedir este tipo de conductas aberrantes. La identificación de los datos genéticos del delincuente resulta clave para el cumplimiento de esta finalidad”, sostiene Álvarez en su proyecto.

Y recordó que “hubo varios proyectos tendientes a la creación de un registro especial para inscribir a los delincuentes sexuales. Uno fue sancionado por la Cámara baja, pero no se trató en el Senado, porque hay quienes sostienen que estos registros violan derechos humanos esenciales de los condenados”.

“Dentro del marco de las más estricta legalidad y atendiendo los derechos humanos de las víctimas, la solución es esta propuesta: incluir dentro de la ley vigente un registro de violadores reservado y al que podrán acceder los jueces y tribunales de todo el país, quienes podrán actuar de oficio o a pedido de parte que acredite un interés legítimo, en la forma y modo que dispongan las leyes de procedimiento de la respectiva jurisdicción”, finalizó Elsa Álvarez.