Algunas expresiones de altos funcionarios del gobierno nos hacen dudar respecto de lo que debemos entender por independencia del Poder Judicial.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, al justificar el envío al Congreso del paquete de seis leyes para “democratizar la justicia”, que: “Quiero una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos” quiero una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores

La diputada Diana Conti, a su vez, dijo que: “En la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes”.

Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó en declaraciones a la prensa que “les guste o no, somos representantes de la voluntad del pueblo argentino, y por lo tanto dos jueces no pueden detener la voluntad política. Por eso me pregunto desde dónde pretenden corromper la fortaleza en la representación del pueblo que posee nuestra presidenta”. Como si él, el Congreso y el Cuerpo que preside no la tuviera.

“El pueblo es el titular único de la Justicia”, señaló el ex juez español Baltasar Garzón, condenado a inhabilitación por la Justicia española,

¿Qué es, entonces, una “Justicia democrática”?

Ni en Las Bases de Juan Bautista Alberdi ni en la Convención Constituyente de 1853 se discutió el modelo de la Constitución norteamericana que la nuestra adoptó, respecto al rol y a la organización del Poder Judicial.

Cuando se discutía la aprobación de la Ley Fundamental en Estados Unidos, se hacía presente que la misma se apartaba de la organización política de Gran Bretaña, donde el poder judicial residía, en su última instancia, en la Cámara de los Lores, que, junto a la Cámara de los Comunes, integraba el Parlamento (hasta el 1º de octubre de 2009 en el que comenzó a funcionar la Suprema Corte del Reino Unido, creada por un Acta de reforma constitucional de 2005) y lo estableció independiente de los poderes legislativo –el Congreso- y del ejecutivo – el presidente-, y, a diferencia de aquel, los fallos de la Suprema Corte de EEUU y de los demás tribunales interiores no pueden ser revocados por la leyes o decretos de los otros dos poderes.

Por eso, Alexander Hamilton en El Federalista, comparaba el poder judicial con el legislativo y el ejecutivo diciendo que: “El judicial (…) no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos.” Y agregaba luego, que: “No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo.”

También expresaba que los “(…) tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad.” No debía entenderse: “de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras”.

La Justicia en la Constitución Nacional

El estado, en nuestra Carta Fundamental, asume y reivindica para sí la administración de justicia, los particulares no pueden dirimir sus conflictos y resolver sus pretensiones por mano propia. No hay justicia privada.

El preámbulo de la Constitución así lo declara cuando fija como uno de sus objetivo el “afianzar la justicia” e invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia”. Y cuando el Artículo 19 dice que: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de las facultad de los magistrados”. A los jueces de la Corte Suprema se les exige prestar juramento de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución” (Art. 112). Todo lo cual indica que la Constitución reconoce la existencia de un orden moral y natural superior a las normas positivas que es respetado en sus cláusulas y que debe serlo por las demás leyes y actos que se dicten en su consecuencia.

El gobierno federal y provincial se organiza en base al sistema representativo y republicano (Art. 1 y 5 de la Constitución), lo que implica que hay división de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

La función jurisdiccional solamente la ejercen los jueces del Poder Judicial del gobierno federal (Art. 1 y 108 y siguientes), del de las provincias (Art. 5) y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires (Art. 129).

El Poder Judicial es independiente, los jueces de la Corte Suprema, que deben ser abogados con ocho años de ejercicio, y de los demás tribunales inferiores de la Nación, que lo integran, “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones” (Art. 110) y solo pueden ser removidos por juicio político en caso de “mal desempeño o delitos en ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes” (Art. 53)

Función judicial, jurisdicción y control de constitucionalidad

Con Eduardo Couture podemos decir que la jurisdicción: “Es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”.

En nuestro sistema constitucional la jurisdicción se identifica con la función judicial, a diferencia de los sistemas parlamentarios donde existe la justicia administrativa, y esta distinción se la considera válida. Los llamados tribunales administrativos, que hay en nuestro país, fiscales, militares o de faltas municipales, son organismos administrativos y no judiciales, que no ejercen la jurisdicción, y sus decisiones son actos administrativos que pueden ser impugnados en los tribunales que integran los poderes judiciales antes referidos, que son los únicos habilitados por la Ley Fundamental para ejercer la función judicial, o jurisdiccional, dentro de sus respectivas competencias de personas, lugar y materia.

La Convención constituyente y el Congreso, elegidos democráticamente por el pueblo de las provincias y de la Capital federal, dictan, reforman o derogan la Constitución y las leyes. Los jueces, al ejercer su función jurisdiccional, están obligados a hacer el control de la supremacía de la Constitución, o sea de aplicar en el caso concreto lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás normas o actos de gobiernos o administrativos, respetando el orden de prelación de las mismas. La norma o acto declarado inconstitucionales no son derogados por el juez o tribunal que así lo declara, ya que su decisión es válida y obliga sólo a las partes del juicio. Son los órganos políticos o administrativos que dictaron estas normas o actos lo que pueden derogarlos o reformarlos.

Procedimientos

El ejercicio de la jurisdicción tiene procedimientos establecidos por códigos y leyes que lo reglamentan y que por momento se tornaron muy rígidos, lentos e ineficaces para administrar justicia. Por eso, en el último medio siglo, se ha intentado flexibilidad y hacer más fluidos los procesos y protocolos para acceder y lograr la solución de las causas que tiene que atender el Estado.

Ello hizo posible la aparición y difusión de la oralidad; las audiencia públicas –informativas, conciliatorias y ordenatorias- y los Amicus curiae –incorporados por la Corte Suprema (Acordadas Nº 30/2007 y 28/2004); la acción declarativa de inconstitucionalidad y la de certeza; el mayor desarrollo del hábeas corpus, la adopción de los amparos, -algunos muy expeditivos como el electoral que se plantea oralmente y se resuelve sin vista a la contraria (Arts. 10, 11 y 147 de la ley 19.945) y el hábeas data –todos ellos en su versión individual o colectiva-; los procedimientos sumarios o urgentes, la conciliación, la mediación, la negociación, el arbitraje, la “probation”, la tutela anticipada y las medidas autosatisfactivas.

A esto debemos agregarle la incorporación – no siempre con la velocidad que las circunstancias exigen- de las nuevas tecnologías; como la de los medios digitales e informáticos: las computadoras, el uso de Internet, de los correos electrónicos, de las páginas Web, de los escáner, de las cámaras Gesell o de las videoconferencias; todo lo cual permite un mejor y más ágil funcionamiento de la administración de justicia.

La reciente ley 26. 854 sobre medidas cautelares ha sido un evidente retroceso.

A treinta años de la recuperación de la democracia constitucional no debemos poner en duda la garantía de los derechos humanos que establece la Constitución, que se hace posible mediante la limitación y la división de los poderes del estado, y la independencia del Poder Judicial, ejercida por jueces, elegidos por los órganos políticos que representan al pueblo, y que son responsables ante los mismos en caso de delitos o mal desempeño en sus funciones.

Para concluir, podríamos afirmar con el relator especial de las Naciones Unidas, quien al presentar su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos, afirmara que “el derecho a una judicatura independiente e imparcial y a una abogacía independiente no es un derecho ni una prerrogativa de los jueces y abogados. Se trata de un derecho de los usuarios de la justicia. Al aplicar este derecho no debe hacerse ninguna distinción entre el norte y el sur, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los países en desarrollo. Lo que los jueces y abogados procuran al administrar justicia sin miedo ni trato de favor y sin prestar atención a estas distinciones es proteger este derecho de los usuarios”.

Córdoba, junio de 2013.

*Es profesor emérito de la UNC y catedrático de Derecho Constitucional de la UNC y fue diputado de la Nación.