Desde el radicalismo, la Coalición Cívica y el propio FpV-PJ presentaron en el último tiempo proyectos de creación de cuerpos especializados y capacitados para brindar seguridad en los partidos de fútbol, en particular, o espectáculos deportivos, en general, que están estancados en las comisiones legislativas.

Tras la muerte de Daniel Jerez, el hincha de Lanús que falleció al recibir un disparo de bala de goma en el pecho en las inmediaciones del Estadio Único de la ciudad de La Plata, legisladores de la oposición recordaron al oficialismo en la Provincia la presentación de proyectos para crear cuerpos de seguridad deportiva, en el marco de las renovadas críticas contra La Bonaerense.

Los diputados Walter Martello, de la Coalición Cívica, Sergio Panella, de la UCR, Mónica López, del Frente Renovador y el senador Jorge D’Onofrio, del FpV/PJ, recordaron, con mayor o menor énfasis, que existen propuestas presentadas en este último tiempo que invitan a echar cartas en el asunto a través de la creación de cuerpos especializados y capacitados para actuar en espectáculos masivos y deportivos.

Además, en Diputados está el antecedente de la presentación por parte del diputado Gabriel Villegas (mc), de un proyecto de ley que propone trasladar a empresas privadas el manejo de la seguridad en los estadios y otras medidas, tales como la creación de fiscalías especializadas para la investigación de estos delitos.

Este proyecto presentado con críticas al actual sistema para controlar la violencia en el fútbol y la existencia de “zonas liberadas” para la actuación de barras bravas, de alguna forma replicaba la intención que D’Onofrio había esbozado en el Senado.

Esta idea supone que las entidades deportivas contraten servicio de seguridad privada para el interior de los estadios, siendo responsable la comisión directiva de los clubes deportivos, de las acciones u omisiones en que incurra la empresa de seguridad privada contratada para los eventos deportivos a realizarse por éstos. Algunas de estas iniciativas llegaron a ser consideradas en el mismo seno del hoy extinto CoProSeDe.

Más recientemente, Martello presentó a principios de marzo un proyecto para crear un cuerpo específico “destinado al control de espectáculos deportivos exclusivamente, tanto amateur como profesional, con operatividad propia”.

De acuerdo con la iniciativa, el cuerpo deberá trabajar en la prevención y control “de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte” en los diferentes espectáculos deportivos.

La propuesta busca restar o reducir la presencia de efectivos en las calles y evitar recurrir al personal de la policía de las comisarías para la custodia de los estadios durante la realización de partidos de fútbol.

De hecho, el proyecto establece la prohibición de utilizar personal de esta fuerza y/o Policías de Seguridad Departamentales, Distritales o Comunales, en espectáculos deportivos de fútbol, sean amateur o semi profesionales, “sin la coordinación policial de la jurisdicción y sin la debida autorización de la autoridad municipal”.

En paralelo, el titular del bloque de la CC presentó la creación de un registro público de barrabravas, medida vinculada a la suspensión del fútbol durante 30 días, plazo en el que la gobernación debe encargarse de la adopción de medidas para la elaboración de planes.

“Para evitar más víctimas y nuevos conflictos, no basta con el retiro de las balas de goma que utiliza la policía y la suspensión del público visitante en todas las divisiones. Estas acciones de seguridad comandadas por el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, son insuficientes para terminar o ponerle un freno a esta problemática. Las medidas tienen que ser más drásticas y de fondo, por eso hacemos hincapié en la suspensión de los partidos e implementación de un registro público de barras con antecedentes penales”, sostuvo Martello.

En concreto, el legislador plantea, inspirado en la respuesta inglesa a los ‘’hooligans”, controlar con el mismo sistema que se utiliza en los aeropuertos. Es decir, si una persona no puede salir del país por estar procesada tampoco podría entrar a un estadio. Actualmente, existe el derecho de admisión de los hinchas a los partidos, pero es algo que se utiliza de forma discrecional. La iniciativa apunta a que directamente los procesados o condenados por delitos penales graves, o por violencia en el deporte, tengan totalmente inhibido el ingreso.

En este punto también se pronunciaron sobre el tema otros opositores, como es el caso del presidente del bloque de senadores radicales Carlos Fernández, quien consideró “la necesidad de elaborar una política integral que permita soluciones reales para actuar de manera anticipada y evitar más desenlaces trágicos”, y agregó que “no puede ser que con los antecedentes que existen se sigan repitiendo sucesos como estos y que la respuesta siempre sea no jugar con público visitante, que como queda demostrado no es la solución del tema”.

Por su parte, el diputado de la UCR, Sergio Panella, propuso a fines de 2012 como ley la creación de un cuerpo de seguridad deportiva, en el marco de la organización de Policías, establecido en la Ley 13.482, al igual que la iniciativa de la Coalición Cívica.

La “Unidad Especializada en el Control de Espectáculos Masivos” –tal el nombre propuesto– debe ser un cuerpo capacitado y “seleccionado de la actual fuerza policial, que mantendrá un entrenamiento riguroso permanente” para contrarrestar los posibles incidentes en eventos deportivos.

Según la iniciativa radical, el personal deberá ser capacitado originalmente durante tres meses y además, de mantener el sueldo actual, recibirá un plus especial por cada evento al que asistan, financiado a partir del pago realizado al Ministerio de Justicia y Seguridad por los operativos realizados.

Los proyectos se encuentran en los vericuetos legislativos. En particular, el proyecto de Panella fue rechazado hace semanas en la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado del FpV-PJ Iván Budassi.
En el mismo sentido, pero desde otra concepción, la diputada del Frente Renovador, Mónica López, presentó un proyecto para establecer la obligatoriedad para que en el interior de los estadios de fútbol, donde se disputen partidos correspondientes al campeonato de primera división y aquellos de las divisiones de ascenso afiliados a la AFA, la seguridad sea exclusivamente desempeñada por empresas prestadoras de servicios de seguridad privada.

El objetivo es que los efectivos se ocupen de los partidos de primera y ascenso. Compartirían tareas con la Policía bonaerense. “No se pueden resolver los problemas eliminando los efectos”, afirmó la diputada massista.

“La iniciativa se impulsa para lograr una redistribución de tareas entre el personal policial y la seguridad privada de los clubes de fútbol, y para generar un modelo que reserve y optimice el uso de la Policía en los espacios públicos. Así, los días en que se desarrollen los partidos, no se encontrarán zonas liberadas a los delincuentes, por la ausencia de efectivos en los barrios”, sostuvo la legisladora.

La iniciativa ya había sido presentada hace más de un año, y vuelve a tomar relevancia a partir de los trágicos sucesos ocurridos en el Estadio Único, al igual que todos los proyectos desarrollados aquí. La seguridad en los espectáculos masivos, sean deportivos o no, está en agenda pero por el momento sólo se sopesan proyectos y se realizan algunas interconsultas con actores públicos y privados.