Acaba de cumplirse una década del momento en el que el presidente Kirchner anunciaba cambios en la selección de jueces para la Corte. Justo cuando se habla de una reforma que modificaría sustancialmente aquellos pasos dados en los tiempos fundacionales del kirchnerismo gobernante.
La promocionada “década ganada” sigue dando tela para cortar y la polémica entre sus promotores y detractores promete extenderse en el tiempo. Pero lo cierto es que, afortunadamente, en esta discusión no todo es blanco y negro, sino que también hay grises. En ese espacio se sitúan los que desde el kirchnerismo no fanatizado reconocen deudas del “proyecto”, y aquellos críticos que reconocen “logros” alcanzados por parte del Gobierno nacional.
Entre estos últimos, si hay algo en lo que se pone la mayoría de acuerdo es en una medida. No es necesariamente la imagen que el kirchnerismo suele elegir cuando busca retratar un momento emblemático, la del general Bendini descolgando el cuadro de Videla en el Colegio Militar, que tiene su valor claro está, pero hay otro momento que propios y extraños rescatan como un gran acierto. Fue la modificación de la Corte Suprema de Justicia, un mérito que tuvo su punto fundacional un 19 de junio de 2003.
Por entonces el flamante Gobierno de Néstor Kirchner se encontraba abocado a la recomposición de lo que se conoció como la Corte de “la mayoría automática”. De entrada nomás la había emprendido contra su presidente, Julio Nazareno, y por esos días avanzaba el juicio político en su contra, con 16 cargos para removerlo. Esa misma semana el juez riojano cedió y presentó su renuncia.
El embate K contra la mayoría automática continuó y uno a uno fueron cayendo otros ministros del Tribunal Supremo, para dar lugar a una Corte indudablemente más independiente.
Por eso volvemos al 19 de junio, cuando se puso la semilla para lo que fue sin dudas un logro del Gobierno kirchnerista. Ese día Néstor Kirchner firmó el decreto 222 que autolimitaba sus facultades. Al presentar el decreto y con el mismo el nuevo mecanismo impulsado por la administración nacional para la selección de los miembros del alto tribunal, el presidente afirmaba que su Gobierno no pretendía “una Corte Suprema adicta”.
“No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, dijo Kirchner ese día, hace 10 años.
El jefe de Estado afirmó que la intención de su Gobierno era “mejorar el sistema de selección con la participación de los ciudadanos para tratar de mejorar a la Corte Suprema como institución”.
A partir de la publicación del decreto 222 en el Boletín Oficial, por primera vez en la historia de la Corte -desde su nacimiento, en 1863- comenzaba a ser tenida en cuenta la opinión social cuando hiciera falta cubrir vacantes en el máximo tribunal de justicia del país.
La incorporación de organizaciones no gubernamentales y personas individuales a la posibilidad de objetar designaciones, sumada a la publicación de datos impositivos y laborales de los aspirantes, se diferenciaban del control en pocas manos de la aptitud de los futuros magistrados. La participación social en la designación de jueces ampliaba desde entonces la decisión que estaba reservada al propio presidente de la Nación y al Senado, que presta el acuerdo final para la asunción del nuevo magistrado.
La inclusión de la sociedad civil en las audiencias públicas sometería a los candidatos a un fuerte proceso de “inspección” sobre sus conductas y antecedentes que difícilmente pueda ocultar el poder político, aún a costa de limitar la influencia del propio Ejecutivo.
Algunos juristas recordaron que en 1912 los conservadores concedieron una apertura política muy reclamada popularmente y sancionaron la Ley Sáenz Peña imaginando que igualmente podrían retener el poder, pero cuatro años después esa normativa despejó el camino para que Hipólito Yrigoyen llegara a la Casa Rosada.
Casi cien años después, el presidente Néstor Kirchner emitía una fuerte señal destinada a desautorizar a quienes advertían que su embestida contra Julio Nazareno y los miembros de la denominada “mayoría automática” del menemismo sólo apuntaba a conseguir un tribunal “adicto” a sus lineamientos políticos y económicos.
El nuevo sistema fue elaborado luego de realizar un análisis comparativo con el método empleado en los Estados Unidos y de trabajar junto con las organizaciones sociales del área de la Justicia.
“Conocemos experiencias internacionales, como la de los Estados Unidos, donde se toman en cuenta las audiencias públicas y la información aportada por el FBI sobre los antecedentes de los candidatos, pero desarrollamos el nuevo sistema con un criterio original”, explicó el entonces viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortíz de Rozas.
El funcionario precisó que el método de selección de jueces, que amplía la participación ciudadana en la elección de los magistrados, se confeccionó “tomando en cuenta el marco judicial, cultural y el cuadro de las entidades sociales”.
Esas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encontraban el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Poder Ciudadano, no fueron enumeradas en el decreto que firmó el presidente Néstor Kirchner, pero se “dejó un concepto amplio para efectuar la ronda de consultas necesaria”.
Tal era el valor de lo anunciado, que hasta Elisa Carrió lo elogiaba. La legisladora aseguraba que la decisión del presidente de autolimitarse en su atribución de designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “es un avance extraordinario” para el país. Carrió destacó la importancia del anuncio presidencial de impulsar un nuevo mecanismo de selección de los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia, al sostener que se trata de “un avance extraordinario en términos institucionales” y dijo que el ARI aplaudía esta medida “sin ningún tipo de retaceos”.
No fue la única expresión positiva escuchada sobre el anuncio de Kirchner. El vicepresidente Daniel Scioli destacaba el “contundente respaldo” brindado por los representantes de distintas instituciones, y dijo que la iniciativa “se pone en sintonía con las demandas de la sociedad, que son fortalecimiento institucional y transparencia en la designación de los jueces de la Corte que es un tema muy sensible”.
El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, destacaba la participación de las organizaciones no gubernamentales en la definición del nuevo mecanismo, que “es muy importante porque una justicia que no funciona correctamente le genera al país no sólo una inseguridad jurídica sino costos económicos muy grandes por sus decisiones”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados de entonces, Miguel Caminos, se manifestaba de acuerdo “con todas las medidas que signifiquen transparentar la designación” y que espera “que tengamos un futuro cierto, que como dijo el presidente de la Nación, que acerque las instituciones a la sociedad”.
A su vez, el exministro de Justicia León Arslanian evaluaba la medida como “deseable y conveniente como para que mejoremos notablemente los estándares de independencia y de calidad jurídica de los futuros miembros de la Corte Suprema”.
Paralelamente, la Comisión de Acuerdos del Senado emitía un dictamen favorable a la celebración de audiencias públicas previas a los acuerdos constitucionales que presta la Cámara alta a los jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público.
El dictamen fue aprobado al cabo de una reunión de la comisión que presidía entonces la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en la que hubo consenso para impulsar la realización de audiencias públicas y difundir los datos profesionales de los magistrados para los cuales el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo correspondiente.
El proyecto incorporaba al reglamento del Senado la obligación de dar a publicidad las solicitudes de acuerdos mediante su página web, la publicación en el Boletín Oficial y en los diarios de mayor circulación del país con una antelación no menor a los quince días hábiles de la fecha de celebración de la audiencia pública.
En esas publicaciones figurarían los datos personales y profesionales centrales de los aspirantes a magistrados.
Los filtros impuestos por el decreto de NK de hace una década se aplicaron para con la designación de Daniel Reposo como procurador General de la Nación el año pasado, y el hombre elegido por el Poder Ejecutivo para el cargo quedó afuera. Hoy la Corte Suprema surgida a partir de los mecanismos impulsados por Kirchner ha sido puesta en la vereda de enfrente por el Gobierno de Cristina Kirchner y hasta circulan versiones sobre la ampliación del Tribunal, de modo tal de acotar una independencia que ha comenzado a ser incómoda para la administración que la forjó.
