Ante el asesinato de Ángeles Rawson, un puñado de legisladores volvieron a la carga con la creación de un registro de condenados por abuso sexual. Entre tanta conmoción, el Ejecutivo respaldó la propuesta y podría impulsar una iniciativa propia. Alertas por la posible “lesión al derecho de inocencia” de los condenados. La ley depende de la Cámara de Diputados.
Por Pablo Riveros
Gran consternación ha causado el asesinato de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años que apareció muerta el miércoles pasado en el centro de Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse) de la localidad bonaerense de José León Suárez tras desaparecer dos días antes en el barrio porteño de Colegiales. Mientras los reclamos de la familia y vecinos se elevaron para la detención del o los autores, la sospecha, luego desestimada, de que la joven habría sido violada reafirmó una demanda de larga data hacia al Congreso de la Nación. Instalado el caso en la opinión pública, diversos legisladores se montaron a la cresta de la ola del reclamo por mayor seguridad y, aunque por el momento nada indicaba que Ángeles había sido abusada, apuntaron a la necesidad de contar con un registro de ADN de violadores para disuadir a los delincuentes de repetir estas acciones.
En ese sentido, legisladoras opositoras como Elsa Álvarez y María Luisa Storani de la UCR y la macrista Cornelia Schmidt-Liermann acusaron al kirchnerismo de “cajonear” los proyectos. Ante tales repercusiones, el senador Aníbal Fernández y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, dijeron que urgía la necesidad de crear este registro, dando a entender que el Ejecutivo sumaría una iniciativa propia.
En rigor, no se trata de una propuesta novedosa. En junio de 2009, más de mil personas se reunieron en Plaza de Mayo para pedir justicia por la violación y asesinato de Soledad Bargna y la creación del registro de violadores. Sin embargo, el reclamo no tuvo eco en el Parlamento nacional, salvo algunos reclamos de legisladores del arco opositor.
Por insólito que parezca, la Cámara de Diputados aprobó en 2009 una propuesta propia a pesar de que ya contaba con un proyecto con media sanción del Senado. Desde la Cámara alta atribuyeron el vacío legal a una disputa sobre quién sería el autor de una ley cuyos proyectos, aclararon, eran “similares”. Los diputados kirchneristas, por el contrario, aseguraron que la iniciativa de sus colegas era una “barbaridad” por los cien años que deberían estar guardados los datos de los violadores, entre otras cuestiones.
Lo cierto es que pasaron las elecciones legislativas, el Gobierno cargó la agenda parlamentaria con la Ley de Medios, la reforma política y el Presupuesto y, años después, ni la mayoría opositora en tiempos del Grupo A ni el huracán Cristina de 2011 alcanzó para sancionar la norma.
A pesar de que en 2011 el Senado aprobó por segunda vez la iniciativa, el debate se reactivó recién en noviembre pasado cuando en la Comisión de Legislación Penal que preside el rionegrino Oscar Albrieu un grupo de diputados decidió avalar el mismo proyecto.
Claves del Registro
La iniciativa aprobada por el Senado fue resultado del consenso de tres textos presentados por el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, la peronista disidente Sonia Escudero y el radical Ramón Mestre (mandato cumplido), respectivamente.
Crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual con el “fin exclusivo” de “facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos” de abuso sexual.
Por un lado, se registrarán los datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme por abuso sexual. También se incorporarían fotografías actualizadas del criminal y una reseña de su domicilio actual. Por otro lado, el registro contaría con una sección específica dedicada a almacenar muestras obtenidas en la escena de un crimen sin condenados, a los efectos de anticipar futuros progresos de esta u otras investigaciones.
Es menester aclarar que no se trata de un banco al que podría acceder cualquier persona. Por el contrario, todos los datos serán considerados “sensibles y de carácter reservado” y solo serían suministradas a jueces y fiscales en el marco de alguna investigación por abuso sexual.
La información del registro -que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- solo sería dada de baja trascurridos nada menos que cien años desde la iniciación de la causa, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.
¿Demagogia pura?
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja despachó el proyecto el 20 de noviembre con las firmas de los kirchneristas Oscar Albrieu, Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Recalde, Carlos Donkin, Héctor Tomas y María Inés Pilatti Vergara además de Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Oscar Aguad (UCR). El oficialista Raúl Barrandeguy firmó en disidencia parcial, mientras que el único rechazo provino de Manuel Garrido (UCR).
El exfiscal anticorrupción no dudó en acusar a sus colegas de hacer “demagogia” con el pregonado registro de violadores. Es que a su juicio, la medida despierta “la extensión estigmatizante de los efectos de la pena aun después de cumplida en exceso, la posible lesión al derecho de inocencia por la confusión entre la condena anterior y la prueba del nuevo hecho que se confundirán a partir de este instrumento”.
Asimismo, Garrido aseguró que la iniciativa tiene aspectos “de dudosa constitucionalidad”, en especial, “dada la injerencia en la intimidad de las personas que establece por un período de 100 años, es decir por un plazo que excede claramente la proporcionalidad con el fin perseguido”. Además afirmó que el registro “consagra una clara desigualdad con los condenados por otros delitos a los que se les aplica el límite temporal registral consagrado por el artículo 51 del Código Penal”.
También cuestionó que el registro se circunscriba a los delitos por abuso sexual “y no a otros más graves en que puede ser de utilidad, como por ejemplo los delitos contra la vida o la integridad física”.
“La relevancia y complejidad del proyecto y los efectos que producirá sobre derechos fundamentales de las personas requería una atención y un debate que no se ha brindado, y correcciones para garantizar que el mecanismo escogido pueda ser realmente útil sin lesionar innecesariamente o abusivamente derechos en juego”, manifestó en su rechazó al dictamen de la mayoría.
A su juicio, este instrumento “desencadenará una catarata de declaraciones judiciales de inconstitucionalidad que lo esterilizan como herramienta, con la consiguiente pérdida de tiempo, de recursos y de confianza en el sistema democrática por parte de las víctimas a quienes se brinda demagógicamente esta iniciativa”.
La postura de Garrido mereció duras críticas de su compañera de bloque Elsa Álvarez, que sumó su propio proyecto.
Rumbo al recinto
Antes del caso Ángeles, un grupo de senadores volvieron a llamarles la atención a los diputados para la pronta sanción del registro de violadores. Durante la sesión del 22 de mayo pasado, el tema fue puesta nuevamente sobre el tapete en el recinto de la Cámara alta por Sonia Escuerdo a raíz de la violación y asesinato de Judith Claudia Palma, una nena de nueves años hallada muerta en Salta. La pequeña fue violada y degollada.
En su intervención, la senadora salteña instó a la Comisión de Familia de la Cámara baja a retomar el debate, moción respaldada incluso por Miguel Ángel Pichetto. “Me parece que sería bueno que eliminaran los prejuicios; y lo decimos afectuosamente, porque me parece que hace falta esta norma, ya que esto siempre aparece cuando ocurren hechos aberrantes como el de Salta. Entonces ahí viene todo el reclamo, y con legitimidad, porque la gente repudia este tipo de hechos y además quiere el esclarecimiento. En este sentido, muchas veces se puede identificar a los autores y muchas veces quedan en el anonimato”, espetó Pichetto a los diputados.
Así las cosas, fuentes legislativas anticiparon a Semanario Parlamentario que la presidenta de la Comisión de Familia, Silvia Risko (FpV), convocaría a una reunión para la semana que viene con el propósito de abordar el proyecto. Sin embargo, en el mismísimo Frente para la Victoria confesaron que no tienen conocimiento de las pretensiones concretas del Ejecutivo, cuya opinión se enteraron a través de la prensa.
Si, como es de esperar, la Comisión de Familia despacha el proyecto, le tocará luego el turno a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce el kirchnerista Roberto Feletti. Si esta comisión da luz verde, la iniciativa estará en condiciones de ser tratada en el recinto para su aprobación definitiva dado que cuenta con el apoyo de diversos bloques.
A todo esto, el ministro Julio Alak remarcó que antes de sancionar una ley de este tipo, “hay que tener los mecanismos operativos necesarios para su efectiva y real aplicación”. “Hoy esto es posible porque desde el Gobierno nacional y las procuraciones provinciales ya hemos instalado en todo el territorio la primera red nacional de laboratorios forenses independiente de las fuerzas de seguridad y el sector privado, que permite implementar una medida de estas características”, precisó.
Con este aval de la Casa Rosada, la relación de fuerzas se inclina favorablemente hacia la pronta sanción del registro de violadores. No obstante, la campaña electoral ya empezó a correr y, como es habitual, la actividad legislativa se ve mermada en estas coyunturas. A fin de cuentas, restará ver cuáles fueron las prioridades de los diputados.
