Para el titular de la Comisión de Transporte de la Cámara baja bonaerense, “tardaron diez años” en implementar esas sanciones.
Se publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 511/2013 del Ministerio del Interior y Transporte mediante el cual se implementa un régimen sancionatorio para las empresas concesionarias del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.
Sobre el tema, el diputado provincial Ricardo Vago, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Provincia, estimó que “este régimen sancionatorio llega 10 años tarde”, enfatizando que “durante 10 años el Gobierno permitió que las empresas amigas hicieran lo que quisieran, los empresarios eran amos y señores, no estando sometidos a ningún control, ahí está la explicación y los responsables por las muertes en los siniestros ferroviarios de San Miguel, Flores, Once y Castelar, con su saldo de 70 muertos y más de 1000 heridos”.
El legislador presentó un proyecto de declaración para ser tratado sobre tablas en la próxima sesión ordinaria de este miércoles, el cual trata precisamente de rescindir los Acuerdo de Gerenciamiento Operativo de UGOFE S.A y UGOMS S.A. Vago señaló que “se debe terminar de una vez con el modelo de funcionamiento de UGOFE SA / UGOMS SA, no tienen ningún sentido, es un esquema ineficaz, ineficiente, y oneroso, pero por sobre todas las cosas es el Estado quien debe reasumir su rol de administrador de los ferrocarriles a través de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado”.
El legislador de Moreno propone concretamente que “debemos ir a un nuevo modelo de gestión basado, en primer lugar en un compromiso directo del Estado que debe gestionar con profesionalismo, transparentando el esquema de costos y contrataciones, y con el establecimiento de un esquema de control social de la gestión por parte de usuarios y trabajadores”.
Sobre el nuevo régimen sancionatorio manifestó: “Si no hubieran pasado tantas tragedias, sería una burla; pero venir a plantear un esquema de sanciones 10 años tarde y luego de decenas de muertos y cientos de heridos, es un agravio, un reconocimiento implícito de la connivencia entre el gobierno y los empresarios”.
