El 28 de junio de 1966 los integrantes de las fuerzas armadas argentinas de la época cometieron un acto supremo de irresponsabilidad al derrocar al presidente constitucional Arturo Illia. Fueron, además, instrumento de poderosos intereses económicos, que habían sido afectados por la anulación de los ilegales contratos petroleros y por la ley de medicamentos, que su gobierno había aprobado, entre otras medidas fundamentales de su muy exitosa gestión, hoy ampliamente reconocida.

Esas fuerzas reaccionarias, militares y civiles, llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de haber desencadenado, además, una época de violencia que culminó en el baño de sangre de la década del 70. Illia había asumido la presidencia como candidato de la UCR y, como lo había prometido en la campaña electoral, levantó la proscripción que los gobiernos de facto habían impuesto al peronismo. Su vicepresidente fue el radical Carlos Perette, una gran personalidad del sistema democrático. Illia es reconocido como una de los próceres que tuvo el país en el pasado siglo que nos ha dejado un legado republicano de eficacia, austeridad y ética.