Decepción en Diputados: la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a cargo de la oficialista Silvia Risko, no logró alcanzar el quórum para tratar el proyecto que crea un banco de datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme por abuso sexual, más conocido como Registro de Violadores.

Sólo nueve diputados concurrieron a la reunión –siete menos de los necesarios para emitir dictamen-, y los faltazos fueron atribuidos a “problemas en los vuelos” y al período preelectoral.

A pesar de esto, legisladores de todos los bloques se comprometieron a emitir dictamen en una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto, para dejar al proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto “lo más pronto posible”, según propuso Risko.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado, crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, para esclarecer los hechos de violación y agilizar las causas.

Los presentes fueron, además de Risko, los peronistas opositores Claudia Rucci, Eduardo Amadeo y Alberto Asseff; la radical María Luisa Storani; las kirchneristas Mara Brawer, María del Carmen Bianchi, Celia Arena y Carmen Nebreda. También asistieron –aunque no pertenecen a la comisión- Elsa Álvarez (UCR) y Cornelia Schmidt-Liermann (PRO). No hubo presencias del FAP.

“Tuvo que aparecer el caso de Ángeles Rawson para meter presión sobre el Congreso”, se quejó Amadeo, quien recordó también lo sucedido con Marita Verón para modificar la Ley de Trata de Personas.

En tanto, Brawer aclaró que “el debate sobre este tema fue muy intenso durante estos años”. “No podemos decir que fue cajoneado, porque fue muy discutido”, recordó.

Horas después de terminada la reunión, Risko convocó a un plenario con Presupuesto para el próximo martes a las 16. En caso de que el cuerpo dirigido por Roberto Feletti no concurra, Familia debatirá igual, en cuyo caso requerirán un número menor de presentes para emitir dictamen.

Del encuentro de este martes participaron la titular de Ayuda a Víctimas de Violación (AVIVI), María Elena Leuzzi, quien presentó más de 92 mil firmas que avalan el proyecto; e Isabel Yaconis, madre de Lucila, asesinada en 2003 en Nuñez.

Según el texto, el registro -que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- contaría además con una sección específica dedicada a almacenar muestras obtenidas de las mismas víctimas, que serían incluidas en la base de datos.

Todos los datos serían considerados “sensibles y de carácter reservado” y solo serían suministradas a jueces y fiscales en el marco de alguna investigación por abuso sexual.