La medida estaba contenida en la reforma judicial, pero fue modificada sobre la marcha, tras una gestión del titular del Tribunal Supremo. Ahora un legislador ultra K presentó un proyecto en ese sentido.
En el marco del fuerte distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, se supo que un grupo de diputados del oficialismo más cercano a Cristina impulsan un proyecto que apunta al corazón del Tribunal.
Se trata de una iniciativa de ley que prevé revocarle a la Corte Suprema sus actuales facultades presupuestarias y de administración del Poder Judicial para transferirlas al Consejo de la Magistratura.
El proyecto impulsado por Carlos Kunkel vuelve sobre la idea original contenida en la reforma judicial, modificada sobre la marcha durante el tratamiento de la misma, entre las denuncias de Elisa Carrió.
Según publicó este jueves lanación.com, la iniciativa constituye una suerte de contraofensiva K, y apunta a reglamentar el artículo 114 de la Constitución Nacional, que establece que el Consejo de la Magistratura “tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”.
El proyecto lleva las firmas también de los diputados Teresa García, Diana Conti, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari y Gloria Bidegain.
El proyecto que ingresó este jueves a la Cámara baja modificaría los artículos 7, 16 y 17 de la Ley 24.937 sobre el Consejo de la Magistratura; el punto 5 de la Ley 11.672 complementaria permanente del Presupuesto (que autoriza a la Corte a distribuir los recursos de la justicia); el 23 de la Ley 17.028 sobre la justicia de la Capital Federal; y el 3 de la 19362, referida a la escala escalafonaria del personal judicial.
En caso de aprobarse el proyecto cambiarían también los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la ley 23853 sobre la autarquía del Poder Judicial; además de los párrafos 5 y 4 del artículo 117 de la ley 24156 de Administración Financiera.
“En un plazo de tres meses se transferirán al Consejo de la Magistratura todas las dependencias técnico administrativas que no tengan relación directa con la función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresa el proyecto.
