Empezó la guerra de los carpetazos, y el primer damnificado en vísperas de las elecciones es el diputado Jorge Yoma. El legislador que sigue formalmente siendo parte del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara baja, pero hace rato que cruzó las fronteras hacia otros rumbos, fue eje nada menos de una denuncia […]
Empezó la guerra de los carpetazos, y el primer damnificado en vísperas de las elecciones es el diputado Jorge Yoma. El legislador que sigue formalmente siendo parte del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara baja, pero hace rato que cruzó las fronteras hacia otros rumbos, fue eje nada menos de una denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo una presentación en el Juzgado Criminal Nº 8, a cargo de la jueza Yamile Susana Brenan, y se encargó de difundir la información, cuestión de que el tema no pase desapercibido.
La denuncia es penal y “el objeto de la misma es denunciar la posible comisión de delitos de acción pública, en razón de irregularidades acontecidas en la administración de la Embajada Argentina en los Estados Unidos Mexicanos”, según se informó. Las irregularidades supuestamente protagonizadas por Yoma habrían producido “un perjuicio fiscal manifiesto al erario público” del orden de los 4.296,167 pesos. Entre los hechos que se imputan a Yoma, Cancillería destacó reformas y refacciones en la residencia del embajador, entre ellas “trabajos no autorizados”, contratación con empresas distintas a las que resultaron adjudicadas y utilización de facturas presuntamente apócrifas.
Además, se señaló que “se giró a la embajada una suma de dinero que no fue utilizada para cancelar honorarios, desconociéndose hasta la fecha el destino de los mismos”.
Según el ministerio, una evaluación de la Sindicatura General de la Nación eleva el monto del perjuicio económico en este rubro a los 927.357 pesos más intereses. Por otra parte, la denuncia imputa a Yoma gastos “por encima de las asignaciones presupuestadas en las partidas de Representación y en la de Promoción Comercial por un total de 133.311 pesos. Además, “pagos de horas extras y compensaciones al personal no autorizados y proliferación de comprobantes respaldatorios que no reúnen las formalidades establecidas”.