En vísperas del tratamiento de los asensos militares por parte del Senado de la Nación, se generó una polémica en torno a la designación por parte de la presidenta del general César Milani al frente del Ejército.

Ante la mención del senador Gerardo Morales a un presunto silencio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto de alegados actos del general César Milani, ese organismo emitió un comunicado en el que puntualiza que tomaron conocimiento de dos denuncias contra ese militar, pero que las mismas no pudieron ser corroboradas.

La entidad que preside el periodista Horacio Verbitsky recordó que desde 1984 cumple con el mandato de sus fundadores de informar sobre actos de los oficiales propuestos para el ascenso que implicaran participación en violaciones a los derechos humanos, atentados al orden constitucional u actividades ilegales en el presente. Desde 1994 a pedido de la Comisión de Acuerdos del Senado y, en los últimos años, también del Ministerio de Defensa.

Detalla el CELS que las fuentes de información utilizadas para ello son los documentos producidos por las víctimas del Estado terrorista, sus familiares y los organismos de derechos humanos, el litigio de las causas tramitadas en instancias nacionales e internacionales, y material “indubitable” de los medios de comunicación, libros y otras fuentes públicas.

En ocasión del ascenso de Milani, en 2010, el CELS precisa que se presentaron dos denuncias en su contra, sobre las que ese organismo fue consultado. “Una sostenía que participó en el alzamiento carapintada de 1987 -señala el comunicado-. La fuente que el CELS utiliza para identificar a los partícipes en esa rebelión es la resolución de la Corte Suprema que, al decidir el pase del expediente a la entonces vigente justicia militar, identificó uno por uno a todos los que intervinieron. Milani no figura entre ellos. La otra impugnación le atribuía actividades violatorias a los derechos humanos durante la llamada Operación Independencia en Tucumán. La información consolidada presente en los registros del CELS no permitía constatar la información y, por lo tanto, cuestionar la proposición de ascenso. No obstante, se solicitó a la Comisión que amplíe la consulta con otras fuentes”.

Se aclara que los datos brindados por el CELS resultan complementarios a los que puedan producir los organismos estatales a partir de sus propias investigaciones basadas en documentos oficiales, testimonios, descargos de los implicados y confrontación de diversos registros.

El Centro de Estudios Legales y Sociales puntualizó que “los criterios aplicados se circunscriben a: graves violaciones a los derechos humanos, alzamiento contra el orden constitucional, acciones ilegales en democracia en violación a derechos humanos como, por ejemplo, la participación de miembros de las fuerzas armadas en actividades de inteligencia ilegal”. Y por último precisó que “desde los primeros años de la democracia, el CELS se trazó como objetivo prioritario el desarrollo de una labor que entendiera la necesaria depuración de las fuerzas armadas como base para un proceso de institucionalización democrática, de modo complementario a su rol en los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad”.