La diputada Virginia Linares (Gen-FAP) denunció que “pese a la vigencia plena de la Ley N 26.554 se han registrado en distintas provincias de nuestro país numerosos desalojos a pueblos indígenas realizados cada vez con mayor grado de violencia”.

“Se han registrado numerosos desalojos, como los casos de las comunidades de Las Pailas (Salta), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Quilmes, Nogalito y Mollar (Tucumán), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil, Antriao (Neuquén) y Santa Rosa Leleque (Chubut), señaló Linares.

La legisladora señaló que la norma estableció por el término de cuatro años la suspensión de los desalojos y la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

“En noviembre de 2009, y tras no haber cumplido con la ejecución de la Ley, se procedió a la prórroga de la misma, por medio de la Ley Nº 26.554, que quedará vigente hasta el 23 de noviembre de 2013”, recordó.

Linares sostuvo que, “respecto a los avances del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas solo se habrían presentado carpetas finales en dos provincias, La Pampa y Misiones, pero sin abarcar el total de sus comunidades. En las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz que realizaron convenios pero se han registraron vencimientos y retrasos en los resultados. En Tucumán, Santa Fe y Chubut se registraron retrasos en la celebración de los convenios y en Formosa y San Luis, no se ha registrado ningún avance en la ejecución de tareas por negativa de los propios gobiernos provinciales”.

“Repudiamos y vemos con preocupación el nivel de violencia extremo que se da en algunos territorios donde han cobrado víctimas fatales; como el asesinato del cacique Javier Chocobar (Tucumán), la brutal represión a la comunidad Qom de La Primavera donde, como consecuencia, hubieron dos muertes, y la represión en la localidad de Castilli, que terminó con la vida de Florentín Díaz, integrante de la comunidad Qom Curushy”, declaró Linares.

“Considero imprescindible hacer cumplir los derechos reconocidos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, agregó.

Cabe recordar que en estos días la comunidad Mapuche de Neuquén mantiene tomado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en reclamo del reconocimiento jurídico que lleva más de siete años.

“Reivindico la lucha de los pueblos originarios en defensa de sus derechos territoriales y pido dialogo con el fin de cesar las represiones utilizadas como métodos para acallar los reclamos de las comunidades originarias”, concluyó Linares.