Se desarrolló en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados la jornada de debate “El esquema tributario del campo: sus pro y sus contras”, convocada por el “agrodiputado” Lucio Aspiazu de la Unión Cívica Radical, en la que disertaron especialistas destacados de la talla del abogado Juan Pedro Merbilhaa, el contador Santiago Saénz Valiente y Ricardo Negri (h), jefe de Investigación y Desarrollo del Movimiento CREA.

En el contexto de esta charla el veredicto de los expositores fue unánime: con una presión impositiva al campo cercana al 80 u 85%, la producción agropecuaria es casi inviable.

“Con niveles de presión impositiva que bordean el 80 o el 85%, la producción agropecuaria se está volviendo inviable. El sector necesita oxígeno para seguir generando riqueza en la patria grande, como Congreso debemos pensar formas de alivianar la carga tributaria enorme con la que cargan los agricultores”, señaló Aspiazu.

“En estos años de trabajo parlamentario se han generado muchas iniciativas valiosas de orden social, pero ninguna que ayude a la producción o a la industria a generar más trabajos, o bajarles la presión impositiva. Tenemos que generar proyectos en este sentido, que ayuden a generar riqueza y trabajo en el campo y en la ciudad. Una presión impositiva llevada a los extremos actuales impide el desarrollo del interior”, acotó Aspiazu.

El primer disertante fue Juan Pedro Merbilhaa, asesor legal de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y ex presidente de esta entidad, quien habló del actual sistema de leyes que permite desequilibrios y abusos en materia impositiva.

“En estos últimos años nos han roto el sistema constitucional argentino, eso hay que destacarlo, nos llenaron de leyes fiscales y económicas llenas de vicios y claramente inconstitucionales. La Ley de Emergencia Económica desplazó a la Constitución Argentina como base de la pirámide jurídica. A eso no hay que combatirlo en la Justicia, hay que pelearlo acá, en el Congreso, volteando todas las leyes mal hechas, truchas, que tenemos, entre las cuales se encuentran la Emergencia Económica, la Ley de Administración Financiera, la Ley de Abastecimiento. Hay una violación constante y permanente de la Constitución a través de estas leyes. Por eso digo que la principal meta debería ser derogar y cambiar estas leyes por leyes nuevas”, destacó Merbilhaá.

“También hay que discutir en forma urgente la coparticipación”, agregó.

“Acá hay una enorme complicidad de las provincias, que se callan la boca mientras los parlamentos y los gobiernos de la Nación y las provincias les quitan atribuciones de fijar impuestos. Estamos dando vuelta el régimen argentino. La célula fundacional de nosotros es la provincia, la nación y los municipios vinieron después, y sin embargo las provincias están siendo avasalladas por sus propios parlamentos y municipios”, dijo Merbilhaá.

“En este estado de cosas se están permitiendo, por ejemplo, impuestos totalmente ilegales. La provincia es Buenos Aires es un perfecto muestrario de la ilegalidad, que se ve en miles de impuestos, algunos de ellos clave para las finanzas estatales”, acotó el experto.

Por su lado, Santiago Saénz Valiente destacó que “hay cada vez más productores saliendo del sistema debido a la altísima presión impositiva, estamos hablando de que un productor promedio tiene una carga impositiva, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales que llega al 85%”.

De acuerdo con Saénz Valiente, “entre los impuestos nacionales las retenciones son claramente las más confiscatorias” y “es necesario reinstalar el ajuste por inflación, debido a que la ausencia de este ajuste genera ganancias ficticias”. Para el experto, “hay que establecer alguna medida para hacer este ajuste, cuya normativa existe pero está suspendida. Este no es un tema menor, debe plantearse en forma urgente porque cada año tiene peores efectos”.

Seguidamente, Sáenz Valiente propuso una serie de cambios a aplicar para mejorar el esquema impositivo actual. “En primer lugar, sin dudas hay que reducir las retenciones, más con un dólar en este valor. No hay motivo alguno para mantener este impuesto. Luego se deben actualizar los mínimos y los topes, y aplicar el indispensable ajuste por inflación. También debemos eliminar el impuesto a los Bienes Personales, reemplazándolo por un impuesto al Patrimonio Neto, excluyendo los bienes productivos. Se debe además eliminar el famoso Registro de Operadores de Granos por ser inconstitucional, y reemplazarlo por otro mecanismo de control, y transformar todos los saldos de IVA en libre aplicación extensiva a todas las deudas fiscales”, sintetizó el especialista.

“La presión fiscal que soportan los productores es superior al promedio de la economía, superando el 75% del resultado antes de tributos. En empresas agrícolas que trabajan sobre campo alquilado y algunas regiones esa presión supera el 120%. Pero el impacto es más difícil de medir en las comunidades, considerando que el 70% de las inversiones y gastos de los agricultores se realiza en la ciudad más cercana al establecimiento. Las comunidades son las que más pierden”, destacó Negri (h) en su charla.

Según Negri, la presión fiscal sobre resultados en las diferentes regiones agrícolas oscila entre el 85% y el 70%. Por otro lado, los descuentos comerciales (como los aplicados al trigo y al maíz, que significan transferencias del agricultor hacia otros sectores de la cadena), que no son impuestos pero impactan en las finanzas del productor, alcanzan una presión que va del 2 al 11%. Sumados ambos factores (presión fiscal pura + distorsiones comerciales), la presión total sobre el productor oscila entre el 76% y 89%. De acuerdo a relevamientos hechos por CREA, en localidades bonaerenses como Bolívar y Tapalqué, el costo de impuestos y descuentos comerciales alcanza los 4221 y los 3614 pesos por hectárea, respectivamente. Por otro lado, en el núcleo agrícola entrerriano y el NE arenoso entrerriano la presión es de 3678 y 2629 pesos por hectárea, respectivamente.