Un proyecto de ley de protección especial para los pacientes trasplantados, impulsado por la senadora Sonia Escudero, fue aprobado por unanimidad este miércoles en la Cámara alta de la Nación y girado a Diputados para su sanción definitiva. “Desde hace tres años venimos impulsando esta iniciativa que propone que el Estado Nacional garantice un ingreso equivalente a una jubilación mínima para este grupo de personas que no son considerados discapacitados pero tampoco reciben el alta médica, situación que complica que puedan mantener o conseguir un empleo”, explicó la autora del proyecto.

Según la legislación vigente, el trasplantado que tiene un trabajo formal está protegido por entre 3 y 12 meses, lapso durante el cual sigue cobrando su salario. Una vez vencido ese plazo, le guardan el puesto de trabajo, sin goce de sueldo, por 12 meses más. Pero como no reciben el alta jamás, pierden el empleo sin recibir indemnización alguna.

Eso no es todo, los trasplantados no pueden superar un examen pre-ocupacional porque están inmunosuprimidos de por vida (para que su organismo no rechace el órgano implantado), lo que hace que sea prácticamente imposible que puedan ingresar al mercado laboral formal.

La senadora Escudero citó estadísticas elaboradas por el INCUCAI: “se efectúan alrededor de 1.334 trasplantes anuales y en lo que va del 2013 se realizaron 607 trasplantes y hay 7.379 pacientes en espera”.

“De los más de 4 mil pacientes que se comunicaron con el organismo (entre 2010 y marzo de 2013) el 29% manifestó tener un empleo; el 36,6% manifestó estar desempleados (de los cuales el 9,9% aclaró que por elección). En tanto que un 15 % se encuentra jubilado por edad; un 12% se encuentra jubilado por discapacidad; el 5% son menores de edad; y menos del 1% (0,69 %) es pensionado”, puntualizó.

“La falta de empleo, en pacientes cuyas familias tienen bajos ingresos, significa no poder hacer frente al costo de los remedios colaterales (que no son provistos por el Estado), no poder acceder a una alimentación apropiada para mantener el órgano implantado en óptimas condiciones, y no poder viajar –a veces miles de km- para hacerse los controles médicos correspondientes en los centros de trasplante”, explicó Escudero.

En conclusión, “luego de la operación el trasplantado es un desaparecido legal, sin ninguna posibilidad de inserción social. No podemos dejar a estas personas, que son muchas veces jóvenes o niños de corta edad, sin posibilidades de proyectar un futuro, o de integrarse a la sociedad”, advirtió la legisladora.

El proyecto contempla un pase de transporte para los pacientes trasplantados (como el que tienen las personas con discapacidad); además dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a un trasplantado (permitiéndoles deducir del pago ganancias el 70% de los sueldos pagados); y garantiza a los pacientes en situación de desempleo, el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.

La iniciativa apunta a proteger tanto a quienes ya recibieron un órgano como también a las personas que se encuentran en lista de espera en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Por otra parte, obliga a obras sociales y empresas de medicina prepaga a dar cobertura del 100% de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas necesarias para garantizar una adecuada atención de la salud de estos pacientes.

Finalmente, promueve la creación de sistemas de enseñanza adecuados a la situación de las personas trasplantadas para que puedan terminar sus estudios primarios y secundarios.

“Es una ley largamente reclamada por los más de 18 mil trasplantados de la Argentina y sus familias. Es la segunda vez que tratamos este proyecto: este Senado lo aprobó por primera vez en 2011 pero que perdió estado parlamentario en Diputados. Lo que buscamos es garantizar una buena calidad de vida a los trasplantados, a quienes la vida les ha dado una segunda oportunidad”, agregó la parlamentaria.