El cacique qom Félix Díaz llevó este jueves al Congreso sus denuncias por la situación en la que se encuentra su comunidad y aseguró: “El Estado nos mata a través de las leyes. Nos niegan la salud y el agua, sólo quieren nuestras tierras”.

Fue en el marco de una audiencia pública convocada por la radical Patricia De Ferrari, de la que participaron sus pares Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido, Elsa Álvarez, Mario Fiad, María Luisa Storani y Mario Negri, además de Laura Alonso (Pro) y Virginia Linares (GEN), entre otros.

“A la provincia de Formosa no le interesa la vida de los pueblos originarios, sólo quieren despojarnos de nuestras tierras”, insistió Díaz, y agregó que, de 300 pedidos de DNI, sólo les otorgaron 9, ya que “los demás los tiene retenidos la provincia” gobernada por Gildo Insfrán.

A su turno, De Ferrari denunció que “al kirchnerismo no le importan los derechos humanos de las comunidades”: “No tienen acceso a la salud, ni al agua, ni a la educación, ni siquiera respetan su identidad, ya que las provincias les retienen los DNI”, alertó.

“Si este gobierno se esconde detrás de un despreciable mutismo ante semejante atropello a los derechos y garantías de los ciudadanos miembros de comunidades aborígenes, es porque son cómplices y coautores de semejante abandono”, lanzó la diputada.

En tanto, Alfonsín recordó que Félix Díaz “tuvo que pedirle al papa Francisco que intercediera ante la presidenta Cristina Kirchner para que se avenga a recibirlo”.

Mercedes González, de Asociación Civil Panambi, aclaró que la ley 26160, normativa que debería garantizar la propiedad de las tierras a los pueblos originarios, tiene “graves fallas de contenido”.

Por su parte, el mapuche Raúl Maliqueo, de Neuquén, denunció que el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Daniel Fernández, nunca los recibió y les niega la personería jurídica.

Juan Carlos Radovich, antropólogo de la UBA y del CONICET, expresó que existen nuevas formas de discriminación y violencia contra los pueblos originarios: “Los proyectos turísticos e inmobiliarios y las empresas que explotan el subsuelo también atentan contra la conformación de tierras comunitarias para las poblaciones indígenas”, dijo.

“No somos enemigos del Estado, somos enemigos del feudalismo de las provincias”, analizó Julián Apaza, del Movimiento Indígena de Jujuy.

Participaron también de la audiencia representantes de Endepa, Poder Ciudadano, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, APDH, Agrupación Mujeres Indígenas en Marcha, entre otros.