Con la intención de diseñar un mecanismo institucional para comunicar al Ministerio de Salud de la Nación, con la mayor celeridad posible y fehacientemente, todos los fallos o medidas cautelares para ordenar la provisión de medicamentos y/o tratamientos médicos para garantizar el derecho a la salud, la diputada de la Nación Alicia Comelli presentó un proyecto de ley para que todas las sentencias o resoluciones interlocutorias dictadas en un proceso de amparo o medida cautelar con dicha finalidad sean comunicadas en un plazo no mayor a los cinco días corridos mediante oficio.

“Este proyecto de ley persigue como objetivo que la autoridad sanitaria nacional tome conocimiento inmediato respecto a las diversas situaciones que se plantean a diario, a raíz de los fallos que son dictados cotidianamente por la Justicia Federal, haciendo lugar en procesos urgentes -muchas veces a través de medidas autosatisfactivas- que tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud de los justiciables”, explicó la diputada quien agregó que se trata de un proyecto muy sencillo pero que brindará respuesta inmediata. En este sentido dijo que tiene dos fines: por un lado notifica a la autoridad que es la que controla a las obras sociales y prepagas y, por el otro, se brinda a los responsables un acabado conocimiento de las situaciones de manera de facilitarles la toma de decisiones futuras en las políticas a implementar.

Se pretende que la iniciativa se aplique a los procesos judiciales en los que se haya ordenado la provisión de medicamentos y/o tratamientos médicos al sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean. Además se prevé que la comunicación deberá contener una transcripción íntegra de la sentencia, el detalle de los tratamientos médicos y/o los medicamentos que se ha ordenado proveer y una breve descripción de los fundamentos jurídicos y fácticos en que se haya basado la resolución.

En este sentido, la diputada mencionó que en un fallo reciente de la Justicia Federal, se entendió pertinente notificar el contenido de una sentencia al Ministerio de Salud de la Nación, ya que le corresponde dictar la política sanitaria en materia de tratamientos médicos y medicamentos. Y, agregó, que resulta oportuno que la autoridad sanitaria conozca el resultado de procesos judiciales en los cuales se determine la obligación de garantizar la provisión de medicamentos o tratamientos médicos, con fundamento en el derecho a la salud ya que “permitirá que los responsables de dictar las políticas en la materia cuenten con el conocimiento inmediato de las diversas cuestiones que se judicializan en procura de tutelar de manera efectiva derechos personalísimos que no admiten demora”.