El diputado nacional Miguel Giubergia solicitó este miércoles al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe el estado de la deuda pública al 30 de junio pasado. Asimismo requirió se le informe sobre el monto y acreedores por deuda flotante al 30 de junio de 2013.

Esta solicitud, según explicó Giubergia, tiene como objetivo conocer en detalle la emisión de una Letra del Tesoro por casi 1400 millones de dólares a favor de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), para asegurar la cancelación de las obligaciones con la empresa Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima(PDVSA).

También, en el pedido, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja solicitó se le brinde detalle los motivos por los cuáles se incumplió con la Ley 24.156 en cuanto al deber de informar en tiempo y forma sobre las operaciones de crédito público. Además, requirió que se le explique los motivos por los cuáles se informa extemporáneamente de la operación de crédito público realizada a lo largo de 2012, y que fuera informada en el Boletín Oficial del día 28 de junio de 2013.

“Indudablemente, se ha violado esta ley”, denunció Giubergia y argumentó “según lo consignado en la Ley 24.156 esta operación debería considerarse nula según se lo dispone en su artículo 66 que estable que las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen. Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional”.

“Otra irregularidad preocupante es que la última información difundida públicamente por la Secretaría de Finanzas de la Nación, realizada a finales de junio del corriente año, en el detalle del stock de deuda pública nacional al 31 de diciembre de 2012, no consigna la existencia de la emisión”, resaltó el diputado jujeño y concluyó “estas situaciones indicarían que, no solo no existe la política de desendeudamiento que pregona el oficialismo, sino que podríamos estar en presencia de una política de ocultamiento de deuda, lo que se constituiría un delito”.