El miedo vende. Vende diarios, aumenta los puntos de rating y genera un gran negocio en torno a la inseguridad. En ese marco se construyen una serie de “verdades” que se instalan y reproducen en la opinión pública. Son respuestas lineales y superficiales que apelan a una causalidad mágica para resolver un problema complejo. Inspirado en el modelo del pensador y escritor Arturo Jauretche, desagregaré algunas de ellas para fortalecer una mirada crítica a la “criminología mediática” y sus zonceras.

“El que mata, tiene que morir”, Susana Giménez – Diario Perfil 27/2/09

Según Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional “la pena capital no tiene, en realidad, utilidad alguna en la lucha contra el crimen. En muchas sociedades, la imposición de la pena de muerte desvía la atención de las acciones que pueden ser cruciales para reducir la violencia.” A modo de ejemplo, en Canadá, en 2003, 27 años después de la abolición de la pena de muerte, el índice de asesinatos había caído un 44% desde los niveles de 1975. Paralelamente, en Estados Unidos, según un estudio de The New York Times que analiza la evolución de los homicidios en el transcurso de 20 años, los estados en los cuales no se aplica la pena capital tienen tasas de homicidio más bajas que el promedio nacional.

“Que se pudra en la cárcel”, Nazarena Vélez – diario Show 29/8/12

La Constitución Nacional en su artículo 18 dice expresamente que la cárcel no será para castigo, sino para seguridad de los reos. En ese sentido la Ley Nacional 24.660 establece que el trabajo, la asistencia espiritual, la salud, la educación y la relación con su familia y amigos son derechos de los detenidos. Claramente, si a una persona en un contexto de encierro se le vulneran sistemáticamente sus derechos, es más probable que, si reincide, lo haga en una forma más violenta.

En ese sentido, podemos tomar la experiencia que garantiza el derecho a la educación del Centro Universitario de Devoto. Según estadísticas de la UBA, la tasa de reincidencia normal de los internos que no estudian asciende a más del 30 por ciento. Sin embargo, para los presos que se gradúan en el Centro Universitario de Devoto el porcentaje de reincidencia es de apenas el 6 por ciento.

“Hay que meter presos a los chorros”, Patti 30/08/02 Infobae

Muchos reclaman como solución lineal el aumento de detenciones. Sin embargo, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, en 1996 había 25.163 internos en la Argentina, mientras que en el 2010 llegamos a tener 59.227 detenidos. Es decir, las detenciones aumentaron un 135 por ciento. Por lo tanto, se cumplió la promesa de aumentar las detenciones, pero el miedo a la inseguridad no bajó. Sin embargo, este aumento de las detenciones no es gratuito para la sociedad. Contrariamente al supuesto inicial de que con más detenciones obtendremos más seguridad, la detención, y más aún cuando se da en condiciones precarias, termina reforzando el rol vinculado con el delito. La persona que sufrió el encierro es estigmatizada al salir en libertad y se le dificulta conseguir empleo, vincularse, estudiar; por lo tanto le costará más incluirse socialmente. Es decir, la prisionalización muchas veces genera más violencia que la que busca evitar.

“Carrió cree que es necesario bajar edad a 14 años”– diario El Día 25/01/11

En la investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia, de los 129 imputados por homicidios durante 2011, sólo dos son chicos menores de 16. Según el doctor Raúl Zaffaroni, “ese porcentaje ínfimo invalida el reclamo de baja de la edad.” Paralelamente, no existe una relación entre la baja de edad de imputabilidad y la reducción del delito. Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, en El Salvador y en Brasil la edad de imputabilidad es a partir de los 12 años y la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes es de 43,4 y 31 respectivamente. Mientras que en Argentina los chicos pueden ser condenados a partir de los 16 años y la tasa es del 6,8.

“Duhalde pide 'poner orden' en la Argentina” – Infobae 9/12/10

Hay una mirada dominante en la opinión pública que idealiza la búsqueda del “orden”. Este punto de vista niega las raíces de los conflictos sociales y lleva como primera y casi única respuesta a la violencia.

Según el abogado penalista Alberto Binder “el 'orden' necesita que cada cosa esté en su lugar, el orden niega el conflicto, no existe ese 'orden' en la naturaleza, no es solamente una utopía sino que siempre lleva implícita alguna forma autoritaria. La democracia no se construye bajo el paradigma del orden, sino bajo el paradigma de la gestión de la conflictividad porque reconoce que muchos de esos conflictos traen los mejores valores.” Esto se debe a que imponer el orden y acabar con los conflictos es imposible. Siempre habrá conflictos sociales, personales, grupales. Asimismo, la consolidación de derechos implica inevitablemente conflictos, el desafío es articular respuestas de forma no violenta. Por lo tanto, el objetivo no debe ser negarlos, sino articular necesidades e intereses en forma multidisciplinaria.

En síntesis, no hay soluciones mágicas. Son complejas y a mediano plazo. Requieren un Estado presente que siga achicando la brecha entre ricos y pobres. Necesita una política integral e interministerial, donde la Policía sea un instrumento más. Asimismo, precisa una sociedad sin el miedo paralizante, y que trabaje por el fortalecimiento del tejido social. Una sociedad con menos muros y más puentes.

Licenciado en Comunicación Social UNLZ

Docente de Comunicación social y seguridad ciudadana UNRN.