La política para erradicar la violencia y la discriminación en el ámbito educativo dio un nuevo paso, al tomar estado parlamentario el proyecto de ley de Acoso Escolar elaborado por la Mesa Nacional por la Igualdad junto a la Federación Argentina LGBT, ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina), con la participación de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación). El mismo fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por la diputada Araceli Ferreyra, con la firma de los diputados Fabián Ríos y Raúl Barrandeguy.

La Ley de Acoso Escolar define las conductas discriminatorias y establece diversos mecanismos para que la problemática de la violencia escolar se incorpore en la curricula de todos los niveles educativos, con el fin de reconocer, atender, erradicar y prevenir en ese ámbito la discriminación y el hostigamiento bajo cualquier pretexto. La ley dedica un apartado al acoso por orientación sexual, identidad y expresión de género, teniendo en cuenta que el acoso y la discriminación “han sido históricamente motivo de expulsión del sistema educativo para las personas LGBT, especialmente para el colectivo trans”. Además, la norma crea el Observatorio Nacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, mediante el cual se obtendrán datos y estadísticas para elaborar informes periódicos sobre discriminación en el ámbito educativo.

Entre las políticas públicas específicas incluidas en la Ley, se destaca la implementación de un servicio de atención telefónica y vía internet para recibir denuncias y asistir a las víctimas de acoso; la distribución de material informativo y de sensibilización para docentes, elaborado conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil; y la realización de jornadas de convivencia en las escuelas, donde se aborde la problemática relacionada al acoso escolar y la discriminación; entre otras.

Por su parte, uno de los argumentos del proyecto sostiene la necesidad de comprender que las consecuencias negativas del acoso escolar entre niños/as y adolecentes la sufren tanto las víctimas como quienes lo infligen como victimarios. Por eso, la norma pretende “evitar la estigmatización y criminalización de los y las estudiantes que generen la violencia en tanto que, en una sociedad democrática, la violencia no se erradica con más violencia ni con medios represivos o punitivos”. Así, el fin de la norma no es sancionar, sino prevenir toda violencia en el ámbito educativo a través de la construcción de una cultura de la no violencia y el buen trato.

Por su parte, la secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad y Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, manifestó: “Esperamos que este proyecto que ingresa hoy al Senado, y que fue fruto del trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil como la FALGBT, ATTTA y la Unión de Trabajadores de la Educación sea un aporte para visibilizar y entender que el acoso escolar, la violencia y la discriminación requieren acciones rápidas y concretas para prevenir y erradicar estas situaciones de nuestras escuelas”. Y concluyó: “Es un tema complejo que debe ser abarcado desde distintos enfoques ya que no es, para nosotros, un problema individual, sino una problemática social en la que debemos trabajar todos y todas”.