El Senado bonaerense aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece el régimen de la ética en el ejercicio de la función pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto, que lleva la firma de la presidenta del bloque FpV/Pj Cristina Fioramonti y el titular del GEN-FAP Ricardo Vázquez, el cual establece el régimen de la ética en el ejercicio de la función pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires e impulsa la creación del Tribunal Social de responsabilidad política.
La senadora Cristina Fioramonti explicó que la norma “será aplicada a los funcionarios que en forma permanente o temporaria presten servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes Públicos del Estado Provincial o Municipal, Entidades Descentralizadas, Entes Autárquicos, Organismos de Control, empresas estatales o con participación estatal mayoritaria y fondos fiduciarios, sea que accedieren al cargo por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal”.
“Los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral, dentro de los 30 días desde la asunción, deberá ser actualizada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”, agregó la legisladora.
La iniciativa también determina que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, con motivo del desempeño de sus funciones “en el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado provincial, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural si correspondiere”, resaltó la senadora oficialista.
Por su parte, el senador Vazquez explicó que “cuando se habla de ética, hablamos de responsabilidad, imparcialidad, eficacia, respeto del ordenamiento y cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales que tiene el Estado en relación con los ciudadanos”.
Vazquez destacó que “creemos necesario contar con una nueva ley más cercana en el tiempo, gestada por esta democracia y cuyos postulados estén en consonancia con las normas locales, nacionales y los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte”.
