El diputado nacional Julio Martínez presentó un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que explique “el presupuesto anual de la Dirección General de Inteligencia del Ejército y justifique los motivos que fundamentaron el incremento presupuestario y de personal de dicha dependencia con relación al presupuesto total de la fuerza”.

Martínez solicita, además, se le informe “cuáles son las ‘razones de Estado’ que justifican el hecho -inédito en la historia del Ejército Argentino- que el jefe del Estado Mayor, general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, conserve también la jefatura de la Dirección General de Inteligencia.

Además, quiere saber “qué operaciones de inteligencia produce dicha Dirección; si la misma participó en el Proyecto X y cómo se encuadra dicha participación en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional regido por la Ley 25.520 y la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059”.

“Llama poderosamente la atención que -sostiene Martínez-, en el marco de un proceso de desinversión crítica que está transformando a nuestras fuerzas armadas en brigadas de defensa civil en condiciones de actuar sólo muy precariamente frente a emergencias naturales, tal como cree nuestra presidente debe ser su función, hay un área que exhibe una magnitud francamente incompatible con el monto total invertido en Defensa: esta es, Dirección General de Inteligencia del Ejército”.

El diputado riojano reveló que “la caja de $ 333 millones del Ejército para la inteligencia estratégica controlada por Milani, representa un presupuesto mayor a la suma de lo que todas las fuerzas federales destinan a inteligencia criminal y más de la mitad de la partida destinada a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE)”.

Pero, además, en una situación en la que, según el Gobierno, no hay “hipótesis de conflicto”, se gasta más del doble en inteligencia militar que en reequipamiento, “lo cual pone en evidencia que estamos frente a un gasto desmesurado e injustificado para las tareas a las que se dice que está asignado”, criticó Martínez, expresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación.

A Martínez le llama poderosamente la atención que “un Gobierno que ha hecho de las condenas a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura un eje central de su relato, encubra los antecedentes de personajes como Milani, y además, le garantice una caja millonaria para tareas de inteligencia que dudo mucho sean de carácter estratégico y militar”.

“El encubrimiento de los antecedentes de Milani por parte del Gobierno Nacional y el CELS de Verbitsky, no dejan de generarnos suspicacias y sospechas, cuanto menos, de la vara con la que se mide a quienes se guarecen en la sombra del poder kirchnerista y quienes transitan otras veredas políticas e ideológicas”, analizó Martínez. Y finalizó exigiendo que, “frente a los indicios bastante claros y evidentes de la existencia de operaciones de inteligencia reñidas con el estado democrático de derecho y la ley 25.520, el gobierno está obligado a dar las explicaciones del caso”.