El martes deberá resolverse si es incluido dentro del temario del miércoles el proyecto sobre reparación a presos políticos para el período comprendido entre 1974 y 1976.
El proyecto proveniente de la Cámara baja que instrumenta una reparación para presos políticos debía haberse convertido en ley el pasado 3 de julio. Todo indicaba que la norma contaría con el aval de los senadores, pero una oportuna intervención del senador puntano Adolfo Rodríguez Saá obligó a una postergación.
Recordemos que en esa oportunidad, el senador del Peronismo Federal advirtió diferencias entre la norma aprobada en la Cámara baja y lo que iba a tratarse. Puntualmente las dudas tenían que ver con la fecha de vigencia; mientras el proyecto que se disponía a aprobar el Senado establecía que rigiera a partir del 6 de noviembre de 1974, él señaló que lo que se había aprobado en Diputados, sin debate, indicaba el 24 de marzo de 1976.
Confirmadas las dudas, se resolvió tras un cuarto intermedio tomarse unos días para hacer las consultas pertinentes. En ese marco, la Cámara baja confirmó que la reparación comprendería a los presos a partir de 1974, y que por lo tanto no había habido ningún error.
El proyecto en cuestión prevé la implementación de un “régimen reparatorio para ex presos políticos, que durante el período del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, hayan sido privados de su libertad en condición de civiles o militares, condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o privados de su libertad”. La iniciativa se refiere a las situaciones generadas por el accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
El proyecto además incluye a las personas que fueron “privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional”, y las que fueron privados de libertad “por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la ley 20840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de ‘detenidos especiales’, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente”.
La iniciativa que viene de la Cámara baja -fue impulsada por el legislador oficialista Juan Carlos Díaz Roig (Formosa)-, deja en claro que la pensión graciable será “de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada le correspondiera, por daño moral, físico o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida”. Asimismo, no serán “comprendidas las personas que resultasen beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por una u otra pensión”.
Subsanada esta duda, habrá que ver si los senadores resuelven incluir el proyecto en el temario de esta semana. En ese caso también se convertiría en ley un texto que otorga un beneficio extraordinario a 16 personas -12 soldados, dos policías y dos civiles- que fallecieron “como consecuencia del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 ‘Coronel Ignacio Warnes’, ocurrido en Formosa el 5 de octubre de 1975”. Ese proyecto fue también postergado el 3 de julio pasado, ya que se decidió que tuviera tratamiento conjuntamente con el de los presos políticos.
