La UCR quiere que el ministro de Justicia declare en el Congreso sobre la responsabilidad de su ministerio en el hecho, así como también por el cambio en el monto de la recompensa, que aumentó considerablemente.
El diputado nacional de la UCR Manuel Garrido presentó en la Cámara baja un pedido de interpelación al ministro de Justicia Julio Alak por la responsabilidad que le compete al Servicio Penitenciario Federal, bajo tutela de su ministerio, en la fuga de los condenados por crímenes de lesa humanidad Gustavo de Marchi y Jorge Olivera.
En el pedido también se explicita la necesidad de que Alak dé explicaciones sobre la decisión de disponer de 4 millones de pesos para recompensas, sin dar precisiones sobre el origen de los fondos, quién será el encargado de controlar el pago y qué requisitos deberá cumplir el que cobre esa suma. Esto se debe a las denuncias de Garrido sobre el ocultamiento de la responsabilidad del Gobierno en la cuestión.
“Está claro que ante el escándalo que se generó por la fuga de los represores, y por la evidente responsabilidad que le cabe a los funcionarios del Ministerio de Justicia, decidieron en un par de horas aumentar la cifra de la recompensa de manera astronómica”, declaró el diputado, y agregó que “no es un dato menor que se disponga de 4 millones de pesos sin ningún tipo de control”.
El radical aseguró que Alak debe declarar porque “está utilizando una posibilidad que le brinda la ley pero sin límites y sin criterio. El Gobierno pretende disponer de 4 millones sobre los que no hay controles serios sobre el pago. No se sabe cuánto le pagan a cada quién, por qué tipo de colaboración”.
Garrido insistió en que “en el mismo momento en el que el Gobierno nacional se abroquelaba para sostener al general Milani, se decide una sobreactuación para tapar la responsabilidad del propio Gobierno en la fuga de los represores. Lo más grave es que para armar esta cortina de humo no se está yendo al problema de fondo, que es mejorar e invertir en capacitación policial y mejorar las condiciones y el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal”.
En la demanda de interpelación presentada, el diputado nacional también requiere la aclaración sobre “si el Servicio Penitenciario Federal poseía información en donde ser advertía la posibilidad de que condenados atendidos en el Hospital Militar Central pudieran darse a la fuga”, así como sobre cuál es “el procedimiento seguido para decidir los montos de las recompensas en función al presupuesto total del Programa Fondo Permanente de Recompensas (…) y el monto destinado a capacitación al personal del Servicio Penitenciario Federal para la correcta custodia y cuidado de los presos en los traslados, sedes carcelarias y cualquier otra dependencia en la cual pudieran hallarse”.
