Tras cinco horas de debate y con el Salón Eva Perón de la Cámara alta rebosando de gente, finalizó el plenario para tratar el proyecto enviado por los senadores del Frente Para la Victoria Aníbal Fernández y Elena Corregido sobre la protección, sanción y erradicación de la violencia y el abuso de poder en el ámbito del grupo familiar.

Los senadores de los distintos partidos políticos manifestaron su conformidad y propusieron algunas modificaciones a la iniciativa, que no tuvo un dictamen definitivo y volverá a tratarse el próximo martes a las 14 en una reunión de asesores para unificar conceptos.

El juez Carlos Rozanski aclaró algunos puntos, como la manera de proceder de los magistrados ante la retracción o no rectificación de la denuncia por parte de la víctima, y dijo que “cuando el juez investigó que puede haber presiones (sobre la víctima) para que se retracte, puede desestimarse o no pedirse la rectificación”.

Otra de las cuestiones explicados por Rozanski fue el del papel de la policía al momento de actuar en una emergencia sin necesitar una orden judicial para ello. “La policía no debería pedir un permiso para actuar en la protección de las personas, porque eso solamente agrega pasos burocráticos. Ningún policía debe vacilar a la hora de un pedido de auxilio ni debe pedir en esa situación de riesgo una orden judicial de allanamiento”.

La senadora nacional mendocina de la UCR Laura Montero manifestó la importancia de que, tanto la visión de la víctima como la subjetividad del agresor, sean interpretadas, pero “las cuestiones de procedimiento judicial es muy importantes aclararlas, porque se está agregando un componente muy importante sobre el que los jueces no están preparados y pueden necesitar algún tipo de apoyo”.

Sandra Giménez, senadora nacional de Misiones por el Frente para la Victoria, declaró que son “la provincia con mayor número de mujeres tratadas de la República Argentina. Eso nos da un poquito de autoridad para contar cuáles son nuestras experiencias en el tema, no sólo en el tema de la asistencia a las víctimas de trata”.

Este debate se da a partir del pedido de unificación de los dos proyectos en uno y de la modificación de aspectos esenciales tanto en la cuestión de violencia familiar y abuso sexual como en la trata de personas, como lo son la responsabilidad de los familiares de la víctima, la garantía de los derechos de los niños y la necesidad de que se los escuche a la hora de una denuncia de este tipo, la violencia sexual como parte del abuso en el seno familiar y el tratamiento psicológico obligatorio para los agresores.