Los bloques de la oposición en el Senado aprovecharon el debate de este miércoles para volver a poner en duda el acuerdo entre YPF y Chevron para la exploración y explotación del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El presidente del bloque del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, pidió una sesión especial con el fin de tratar dos proyectos para que el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el CEO de YPF, Miguel Galuccio concurran a la Cámara alta a aclarar los alcances del decreto.

“Sabemos que el Gobierno lo entregó a Chevron la explotación sin licitación y de manera directa”, indicó Giustiniani.

A la vez, apuntó que la empresa estadounidense “no va a informar sobre el impacto de la naturaleza a la sociedad”, cuando “se sabe que el método (del fracking) es altamente contaminante en el mundo”.

También recordó que Chevron “fue condenada por la Justicia de Ecuador por contaminación ambiental” y se quejó de que “no pagará restricciones a la importación y se le garantiza un eventual precio interno igual al internacional”.

El radical Ernesto Sanz se sumó al planteo de Giustiniani y añadió que el decreto, “de facultades delegadas, estipula un régimen de promoción de inversiones y tiene que tener legalidad”. “Después de diez días, el jefe de Gabinete no lo mandó a la Comisión Bicameral. Esto no cumple con la ley”, denunció.

“El decreto -sostuvo Sanz- es un claro ejemplo de delegación de facultades por la ley 25561 de Emergencia, circunstancia que obliga, inexorablemente al Gobierno Nacional, a remitirlo al Congreso Nacional para su correspondiente aval”.

Por su parte, María Eugenia Estenssoro (FAP) reclamó el tratamiento de un proyecto de comunicación que exige al Gobierno remitir informes al Senado sobre la explotación de gas y petróleo a través del fracking, y pide un detalle de las explotaciones en curso y de cuál es la normativa que encuadra esta actividad.

Más aún, la senadora recordó que pidió en el mes de junio la presencia de Galuccio y Cameron en el Senado “para que expliquen por qué la producción de gas y petróleo sigue cayendo a un año de la expropiación de YPF”.

“El acuerdo se tiene que ajustar a las leyes de transparencia. Este contrato no puede ser de ninguna manera secreto”, aseveró Estenssoro.

En tanto, la peronista opositora Sonia Escudero coincidió en que “no cumplimos con las leyes, las hacemos e interpretamos como queremos, y eso es inconcebible”, y agregó que “hay que conocer el acuerdo con Chevron para proteger a los pequeños inversores”.

“Nosotros queremos que haya inversiones, pero para poder determinar si es conveniente debemos conocer el acuerdo”, planteó el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien dijo que “debe haber una ley que lo autorice, lo mismo para que el hecho de que no se paguen retenciones, no se puede hacer por decreto”.

El peronista disidente también cuestionó que hay “una nueva prórroga de jurisdicción”, por la competencia que tendrán los tribunales franceses.

Como presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, el neuquino Horacio Lores señaló que “ya van cuatro reuniones consecutivas (de ese Cuerpo) en que no hay ni un tercio de los senadores para tratar muchos proyectos, y no saben por qué no hay quórum”.