Según un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 por ciento de las actuaciones extrajudiciales en el último año están vinculados a procesos de desalojo y un 50 por ciento de los dictámenes emitidos por los asesores y asesoras en el marco de expedientes judiciales corresponden también a casos de lanzamiento.

El mencionado organismo integra el Poder Judicial de la Ciudad y tiene como misión principal la justa aplicación de las leyes, la legalidad de los procedimientos y el respeto, como también la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental. Para realizar dichas tareas monitorea, interpela y sigue la política pública del distrito en cuestión.

En la última semana un intento de desalojo en el barrio de Almagro fue noticia. El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en la Avenida Díaz Vélez 3417 y 3227, donde concurrió la Policía Metropolitana con el objetivo de lograr que las personas que allí viven abandonen el edificio. Pero junto con los efectivos policiales llegó un grupo de legisladores y abogados de la Legislatura porteña para disuadir a los uniformados y evitar el lanzamiento; algo por lo que venían peleando desde semanas atrás.

El desalojo no se produjo. Por un lado, porque la situación que se vivió en el lugar fue bastante tensa ya que las familias de la vivienda nombrada no querían ser despojadas de su hogar y resistieron; y además, los efectivos no eran los suficientes como para garantizar un movimiento acorde de acuerdo con el contexto que lo ameritaba. Otro elemento que evitó el desalojo fue también la presencia de los legisladores.

Una de las legisladoras que participó e incluso encabezó el acercamiento entre las partes fue la diputada por el Frente Progresista Popular María Elena Naddeo, quien en diálogo con Semanario Parlamentario aclaró sobre todo lo que concierne a un desalojo en el ámbito de la Ciudad: explicaciones, motivos, cuestiones legales-administrativas y responsables de un flagelo que es noticia periódicamente.

“Desalojos hay todos los días en la Ciudad de Buenos Aires y se han agudizado muchísimo, porque hay una valorización inmobiliaria desmedida”, asegura Naddeo, y para fundamentar su hipótesis vuelve a nombrar el caso del Hotel familiar de la calle Díaz Vélez.

“Un inmueble de estas características no se puede vender con las familias adentro, nos remonta a la edad media”, argumenta la presidente de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura. La decisión de avanzar con el lanzamiento del Hotel familiar corresponde a la Justicia Civil que dio lugar al pedido de desalojo por parte de los nuevos dueños del inmueble que, según la legisladora, no quieren mantener esa vivienda (proponen derribar el edificio) como hogar de las familias que ahí viven porque están pensando en utilizar ese lugar para fines comerciales. “Es una neta operación comercial”, sentencia Naddeo.

Para la legisladora que integra el interbloque kirchnerista el hecho no puede reducirse a un simple desalojo en donde un dueño quiere hacer valer su derecho de propietario, sino que “hay un problema de fondo que tiene que ver con que una vivienda social que alberga a 40 familias no puede ser desalojada como si fuera una vivienda particular, hay un tema social más colectivo que tendría que haber sido tenido en cuenta”.

Actualmente, junto a algunos de sus pares ha solicitado a la Justicia porteña que suspenda el desalojo por 180 días para que pueda discutirse y encontrarse una salida digna para las familias. A su vez, ha hecho un pedido oficial al Gobierno que encabeza Mauricio Macri, para que se incluya a las familias en los planes de vivienda existentes en el Instituto de la Vivienda (IVC), los planes contemplados por la Ley N°341 que otorga créditos hipotecarios a largo plazo para familias que pueden pagar una cuota -como en el caso de la calle Díaz Vélez- y también dentro de los subsidios habitacionales.

Partidas presupuestarias

Naddeo entiende que los problemas habitacionales que aquejan a la Ciudad y a sus habitantes pueden encontrar el camino de la solución correcta si es que el Ejecutivo pone interés en dicha cuestión y utiliza adecuadamente el dinero del que dispone oficialmente, y habilitado por el voto de los legisladores para construir viviendas sociales.

Pero, la legisladora sostiene que mientras los desalojos en las calles porteñas van en aumento, la utilización del presupuesto fijado para esos fines disminuye o se encuentra obstaculizada y frenada.

“Lo que existe en el Gobierno de la Ciudad es que hay poca ejecución de las partidas presupuestarias existentes en viviendas sociales”, manifiesta. Y luego reclama: “Esta es una oportunidad para que las partidas se ejecuten ya que hay 40 familias que requieren estos préstamos”.

Consultada sobre por qué el Gobierno de la Ciudad no ejecuta las partidas, en primer lugar la legisladora sostuvo que ese accionar responde a un inconveniente burocrático que hace más lento el proceso, pero más adelante advirtió que también existe una cuestión de “prioridad” que ayuda a entender el porqué.

“Hay mucha demora y hay reticencia”, asegura Naddeo. Y luego fundamenta su idea por medio de un ejemplo: “La Comisión de Inquilinos de Buenos Aires pidió una entrevista con el IVC y desde entonces nunca obtuvo respuesta porque no tiene prioridad, porque las soluciones habitacionales de escasos recursos no tienen la prioridad que deberían tener”. Pero destacó que existen subsidios en hoteles donde aquellos que no tienen donde vivir pueden hacerlo gracias a un beneficio económico que el Estado porteño le otorga, aunque calificó a esta medida como “débil” ya que es una “solución a corto plazo”.

Lo que hace falta

Según la diputada, el problema más importante y que debe ser atendido es la ausencia de viviendas nuevas que garanticen el acceso para aquellos que más los necesiten; en especial a quienes hayan sido desalojados.

“Necesitaríamos triplicar por lo menos la cantidad de inmuebles construidos por el IVC para dar respuesta a la demanda y ampliar la operatoria de los créditos, como plantea la Ley N° 341 ya que el subsidio habitacional no resuelve nada porque es un subsidio sólo por tres meses”, expresa la diputada. “Hay que ampliar el préstamo hipotecario”, reclama una y otra vez Naddeo.

En cuanto a la consulta acerca de si se ha negociado o conversado con el macrismo para poder encontrar una solución certera, efectiva y a largo plazo al problema habitacional en la Ciudad, la legisladora aseguró que se han efectuado reuniones junto a representantes del Pro en más de una ocasión.

“Hay distintas reuniones, ha habido múltiples pedidos de informes, y hemos estado presentes en el Instituto de Viviendas con algunos conflictos en particular”, señala.

Pero, luego admite que “hay una demora enorme por parte de la Ciudad para poder relocalizar a ciertas familias en viviendas dignas, y no hay nuevas construcciones de vivienda social”. Como ejemplo de esto, la diputada nombró el incumplimiento al fallo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que dictaminó el traslado de las “villas que rodean al Riachuelo” hacia otro lugar, lejos de la contaminación y los peligros que ésta ocasiona a quienes se exponen a ella por un tiempo prolongado.

“Acá es donde se hacen añicos todos los discursos del jefe de Gobierno, en el tema de vivienda social no ha habido ni un avance, por el contrario, hay una demora de varios años en llevar adelante planes que ya se venían construyendo”, critica Naddeo.
Como alternativa para palear la crisis habitacional, cree que sería valioso que “el Gobierno de la Ciudad ofrezca la operatoria para la compra de vivienda con un crédito hipotecario a largo plazo al que puedan acceder las familias que lo necesiten, que es lo que indica la Ley N° 341, o que se adjudique viviendas sociales que estén construidas ya”.