Si volviera a la Cámara comenzaría por proponer aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de todos los trabajadores, y haría que éste tributo sea obligatorio, también, para los jueces y demás personal judicial y del Ministerio Público. Eximiría, como exige la Constitución (Art. 110), solo a los jueces ya designados y que ejerzan su cargo. Antes de su aplicación deberá aumentarse las remuneraciones para compensar la reducción.
Proyectaría además:
• Derogar las leyes dictadas para “democratizar” la Justicia que modifican el Consejo de la Magistratura (N.° 26.855); la concesión de medidas cautelares (N.° 26.854); y que crearon tres Cámaras de Casación (N.° 26.853); por ser inconstitucionales y por contrariar la independencia del Poder Judicial.
• Pasar al gobierno de la Capital Federal, mediante un convenio, los tribunales Nacionales con sede en ese distrito y los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos –que sostenemos todos los argentinos-, para que se integren al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
• Reducir la competencia de la Cámara Federal de Casación (en delante de Apelación) Penal a las causas de la Capital Federal, a la que se recurrirá en apelación y no, como hasta ahora, en casación, con lo que se podrá revisar no sólo el derecho sino también, los hechos, como exige la Corte Suprema a partir del fallo “Casal”. Las apelaciones de las sentencias de los Tribunales Orales Federales del interior del país serán atendidas por la Cámaras Federales de Apelaciones con sede en el interior del país.
• Reducir, también, la competencia de la atiborrada Cámara Federal de la Seguridad Social a la Capital Federal y aumentar el número de sus jueces. Las apelaciones de las sentencias sobre seguridad social dictada por los jueces federales del interior del país deberán ser resueltas por las respectivas Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en esas jurisdicciones.
• Reformar la ley 26.376 y disponer que sean jueces subrogantes los que integren ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo para los cargos vacantes o para remplazar al juez titular en los tribunales para los que han sido propuestos, según el orden de las mismas. Esto agilizará el trámite de las designaciones.
• Autorizar que la constitución de domicilio, las notificaciones, la presentación de escritos pueda hacerse electrónicamente en los tribunales federales, como ya lo dispuso la Corte Suprema para el domicilio y las notificaciones en los recursos en los que entiende (Acuerdo 31/11).
• Incorporar a las causales del recurso extraordinario (Art. 14 ley 48) la arbitrariedad, y ampliar el plazo para su interposición y del traslado a la otra parte, de 10 a 15 días. La concesión deberá disponerla el tribunal en 30 días, si no lo hace se considerará concedido tácitamente.
• Derogar la obligación a depositar $ 5000.cuando se interpongan recursos de queja ante la Corte Suprema, por denegación del recurso extraordinario, y permitir su presentación electrónica en el plazo de 15 días.
• Crear el recurso de aclaratoria contra fallos de la Corte el que podrá interponer en el plazo de 15 días.
• Autorizar a que Corte Suprema dicte un Código de Estilo, para uniformar, simplificar y hacer más comprensible la elaboración de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción -en soporte papel o digital- de las sentencias, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado, márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, como se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados.
• La Corte Suprema y demás tribunales inferiores podrán dictar una única sentencia para distintas causas de contenido idéntico que se encuentren en condiciones de ser resuelta, y una copia de dicho fallo deberá ser incorporada en cada uno de los expedientes, como lo suele hacer la Corte Suprema.
• Suprimir el Tribunal (administrativo) Fiscal de la Nación (de la ley 15.265) y crear una Cámara Federal en lo Fiscal, como un tribunal inferior del Poder Judicial, con sede en la Capital Federal, a donde se recurrirá, al igual que a las Cámaras Federales de Apelaciones del interior del país, las resoluciones de la AFIP y de la Aduana.
• Establecer que los depósitos bancarios judiciales de los tribunales federales se harán en el Banco de la Nación y los que correspondan a los tribunales nacionales, incluso antes que pasen a depender del gobierno de la CABA, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
No es todo, pero para comenzar no es poco.

Córdoba, agosto de 2013.
* Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba, académico correspondiente de la Academia Nacional de ciencias Morales y Políticas y fue diputado de la Nación.