El proyecto, que penaliza el contacto entre un adulto y un menor vía Internet para concretar un acto sexual, cuenta con media sanción del Senado desde noviembre de 2011 y dos comisiones de Diputados emitieron dictamen favorable, pero el debate fue postergado en la última sesión. Los puntos en discusión.
Como suele ocurrir con temas que implican modificar el Código Penal, la ley para penalizar el llamado “grooming” o “ciberacoso”, una demanda que se hizo sentir en el Congreso, fue frenada en la Cámara baja por diferencias entre los diputados mientras se reaviva el reclamo de familiares de menores víctimas de este nuevo fenómeno.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 2 de noviembre de 2011 e incorpora el artículo 131, que establece penas de prisión de seis meses a cuatro años al que, “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
Mucho tiempo después, el 4 de junio de este año, las comisiones de Legislación Penal y Familia de la Cámara baja dieron despacho favorable al proyecto sin cambios, con las firmas de los diputados del Frente para la Victoria. El texto fue puesto en el temario de la última sesión de la Cámara de Diputados, pero su tratamiento finalmente fue postergado sin explicaciones.
Por la oposición, diputados de distintos bloques hicieron sus objeciones. La peronista disidente Natalia Gambaro firmó en disidencia parcial para incluir un párrafo que penalice también el “sexting”, esto es, los mensajes o fotografías sexuales que envía un adulto a un menor mediante teléfonos telefónicos.
En tanto, los radicales Manuel Garrido y María Luisa Storani cuestionaron que el proyecto condene con las mismas penas el intento de abuso “virtual” y un abuso sexual concretado, ya que a su entender deberían tener penas distintas. La postura fue desaprobada por familiares de víctimas, como Rosa Castro, madre de una menor víctima del “ciberacoso” en la provincia de Río Negro.
Paula Bertol coincidió en la necesidad de arrojar claridad al texto y considerar esta conducta dentro del tipo penal “sin dejar lugar a dudas, problema que se presenta en la redacción que viene del Senado”, por ejemplo, al no especificar la edad de la víctima. Para la macrista, “el ciberhostigamiento debe ser considerado un delito específico y autónomo contra la integridad sexual sin que esto signifique en lo absoluto la regulación de Internet”.
Mientras tanto, los familiares de víctimas esperan que no sea necesario un hecho mediático para que la ley vea la luz, tal como sucedió con las modificaciones a la Ley de Trata de Personas y la que penaliza el femicidio.
