Diputados del interbloque Frente Amplio Progresista requirieron ante el Consejo de la Magistratura la apertura del procedimiento para la destitución del juez Norberto Oyarbide.

Los legisladores solicitaron que se destituya al juez Oyarbide “por las graves irregularidades cometidas en la causa Schoklender, donde se investiga el presunto desvío de fondos en las obras financiadas por el Estado Nacional, en el marco del ‘Convenio Único de Colaboración y Transferencia’ suscripto entre diversos municipios y el Ministerio de Planificación Federal, que eran ejecutadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo”.

El pedido fue presentado por los socialistas Juan Carlos Zabalza, Alicia Ciciliani, Elida Rasino y Omar Barchetta, Margarita Stolbizer y Omar Duclós del Gen, Victoria Donda de Libres del Sur y los juecistas Ernesto Martínez y Graciela Villata.

Los diputados señalaron que “las irregularidades en la tramitación de la causa dieron lugar a que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal haya criticado duramente la pesquisa llevada a delante por el juez y consecuentemente haya declarado la nulidad de todos los procesamientos dispuestos por Oyarbide”.

Y recordaron que “en la denuncia presentada se hace mención a que esa misma Cámara Federal ya había señalado, en noviembre de 2011, que ‘la ausencia de racionalidad en la búsqueda de información conspira contra el éxito de la pesquisa’”.

En este sentido Zabalza remarcó que el juez Oyarbide, “a pesar del llamado de atención de la Cámara en el 2011, continuó sin pesquisar el origen y destino de los fondos, por lo cual la Cámara, al declarar las nulidades sostuvo que ‘si el objeto procesal de estas actuaciones consiste en establecer el posible desvío de los fondos que el Estado Nacional habría remitido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, la columna vertebral de la pesquisa debe ser, precisamente, el seguimiento de esos fondos’”.

“El Consejo de la Magistratura deberá ahora analizar si se trató sólo de una manifiesta arbitrariedad en el proceso de investigación o, atento la gravedad de los hechos y los antecedentes del caso, se oculta un delito de mayor gravedad”, sostuvo el legislador santafesino.

“Noberto Oyarbide, según los propios términos de la reciente resolución de Cámara, se ha transformado en un obstáculo para la averiguación de la verdad, motivo por el cual, a pesar de las miles de fojas contenidas en la causa, todavía no se conoce el origen y el destino de los más de 750 millones de pesos que el Gobierno nacional destinó a diversos distritos para financiar proyectos de viviendas ejecutados por la fundación”, concluyeron los diputados del FAP.