Se conocieron esta semana nuevas investigaciones periodísticas sobre los subsidios que se otorgan desde la Secretaría de Transporte de la Nación a las empresas de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que ponen al desnudo las profundas asimetrías con la situación de los mismos servicios en el interior del país.

Ahora pueden leerse datos oficiales compilados por LNData sobre la recaudación mensual de subsidios y boletos de los colectivos porteños y del Gran Buenos Aires, que confirman la justicia de nuestros reclamos, en favor de un transporte de pasajeros digno, seguro y económico para nuestra región.

Quiero destacar que se encuentra pendiente en el Congreso de la Nación el tratamiento de mi proyecto de ley sobre “Redistribución Federal de Compensaciones Tarifarias a Empresas de Transporte de Pasajeros”, por el que se plantea equilibrar la asignación de subsidios al transporte en todo el país, con un criterio auténticamente federal.

Por ello advierto con profunda indignación cómo se confirma en estos días que los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires son uno de los mejores negocios del país. Sus dueños los compran con créditos blandos, embolsan grandes subsidios de la Nación para pagar sueldos y comprar el gasoil y además se llevan todo lo recaudado.

El negocio comienza sin poner prácticamente un peso: el valor del coche ($650 mil pesos) lo presta el Banco Nación a un plazo de sesenta (60) meses y a una tasa de interés negativa del 7 % anual.

El Estado nacional les aporta a los concesionarios $ 60.000 mensuales por unidad para sueldos y cargas sociales del personal. Además les da un vale de $15.000 para comprar gasoil a un tercio de su valor.

Todo lo recaudado por boletos se lo lleva el empresario de transporte que, claro está, tiene que ser amigo del poder, porque además los servicios de pasajeros están circulando desde hace varios años sin contrato y con permisos precarios, según se informa en la Actuación N° 300/10 de la Auditoria General de la Nación, en lugar de adjudicar los servicios mediante concurso público de propuestas.

Esta es la obra de la Secretaría de Transporte de la Nación, que está ejerciendo un poder regulador injusto y discrecional, con que posterga al interior y concentra recursos en el conurbano bonaerense destruyendo los últimos vestigios de federalismo en nuestro país.

Por ello es preciso que la sociedad se movilice para obtener otro reparto de la enorme masa de subsidios que la Nación reparte a las empresas de transporte de pasajeros, que en el año ya importa $7.377 millones de pesos, casi nueve veces lo que se gastó en el mismo tiempo en todas las políticas del Ministerio de Seguridad ($871 millones). Mientras tanto las Provincias y los Municipios de nuestra región están penando para asignar recursos propios, que impidan los aumentos de tarifas y mantengan la prestación de nuestros servicios de transporte de pasajeros, con escasa o nula rentabilidad.

Esta crítica situación de nuestro transporte urbano no podrá resolverse sin un esfuerzo sostenido y mancomunado de todos los sectores involucrados para obtener que la Nación fije nuevas prioridades del gasto público, redistribuyendo las compensaciones tarifarias, subsidios y demás recursos para proyectos de infraestructura vial que demandan las Provincias y Municipios del interior del país. Es una gestión que nos compete a todos los que ejercemos responsabilidades políticas en representación del pueblo.

A no dudarlo, necesitamos también una nueva mayoría en el Congreso de la Nación para terminar con tanta inequidad y darnos a la tarea de reconstruir los servicios públicos esenciales en un país más justo y solidario.

* Hugo Maldonado es diputado nacional de la UCR por la provincia de Chaco.