A raíz del pedido de la Cámara Nacional Electoral sobre la regulación de la publicidad oficial durante la campaña política, la diputada Laura Alonso (Pro) exigió el urgente tratamiento de un proyecto de su autoría que suspende la legislación que prohíbe a los candidatos la compra en forma privada de publicidad electoral en radio y televisión.

Según la iniciativa, la suspensión de la vigencia de los artículos 34 de la ley 26.571 y del artículo 43 de la ley 26.215 duraría hasta que se regule la publicidad oficial.

Este martes la Cámara Electoral pidió al Congreso Nacional que revise la regulación vigente en dicha materia “para darle una mejor organicidad que asegure la relación armónica entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y la equidad electoral”.

En este sentido, Alonso considera que si bien las normas que propone suspender “tienen por fin evitar la proliferación exagerada de publicidad y el dispendio de recursos destinados a publicidad en medios audiovisuales, cierto es también que el Gobierno nacional dispone de una masa millonaria de recursos que asignará a la publicidad oficial especialmente en el período electoral”.

“Este incremento del gasto de la publicidad oficial durante las campañas ha sido probado en diversos estudios de la Fundación Poder Ciudadano y de la Asociación por los Derechos Civiles. La inexistencia de una regulación de la publicidad oficial en períodos electorales provoca un escenario de tremendo y negativo desequilibrio a favor de los candidatos del gobierno y en desmedro de las oportunidades de los demás candidatos”, indicó la legisladora entre los fundamentos de su proyecto presentado en 2011.

Al conocer la resolución de la Cámara Nacional Electoral, Alonso disparó contra la Casa Rosada: “El Gobierno no es la agencia de publicidad del Frente Para la Victoria. Y si la presidente de la Nación quiere hacer campaña, que pida licencia y de paso evita violar la ley con inauguraciones indebidas en las últimas dos semanas antes de un comicio”.

Afirmó además que “el Gobierno no puede jactarse de democratizar el acceso a la publicidad electoral mientras utiliza de forma abusiva y a favor de los candidatos de su partido la publicidad oficial, generando una profunda desigualdad e inequidad en la competencia”.

“Nuestros impuestos no son el financiamiento de la publicidad del FPV. La presidente no es el Estado pero usa nuestros recursos juntar votos”, concluyó Alonso.

Artículo 34 de la 26.571

Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones primarias.

Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, será sancionada con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente.

Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la lista interna que contrataren publicidad en violación al primer párrafo del presente artículo, serán solidariamente responsables y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada.

Artículo 43 de la ley 26.215

Los espacios de publicidad electoral en las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para cargos públicos electivos, para la difusión de sus mensajes de campaña.

Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales.

Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.

En el caso de segunda vuelta se asignará a cada una de las fórmulas el cincuenta por ciento (50%) de los espacios asignados al que más espacios hubiera recibido en la primera vuelta.