La diputada porteña María América González celebró los anuncios realizados por la presidenta de la Nación en materia de incremento jubilatorio, destacando que se hagan con una movilidad estipulada por ley con la periodicidad de dos veces por año. “En líneas generales y comparado con los índices de inflación medido por consultoras privadas y con los aumentos salariales otorgados por paritarias, entendemos que resulta auspicioso el aumento anual que recibirán las prestaciones previsionales que será de alrededor del 32%”, dijo la legisladora de Buenos Aires para Todos.

Sin embargo, la diputada y presidenta del Foro de la Tercera Edad, advirtió que “el problema histórico persiste. Las mejoras de las jubilaciones de hoy se hicieron y siguen haciendo a costa de los jubilados más viejos. Fijémonos que gran parte de los jubilados, el 75% cobrará por debajo del recientemente anunciado salario mínimo vital y móvil de $3.300 y los $3.600 que computará a partir de enero próximo; es decir, un 75% a valor de hoy y un 68% si lo medimos para enero. Y para el resto de los jubilados, el haber medio alcanzará apenas los 4.000 pesos, algo así como un 30% más que el mismo salario mínimo vital y móvil”.

“Mientras tanto, se dice que existen haberes jubilatorios de 150 mil pesos establecidos por sentencias judiciales, en donde se computan sumadamente haberes mensuales más retroactividades, total es tan difícil entender de temas previsionales , aún para las autoridades que lo administran, que cualquiera puede decir estos disparates y más si se acerca una nueva campaña electoral”, agregó María América González.

Para concluir, la legisladora porteña declaró que “siguiendo las normas vigentes, una persona se jubila y cobra el primer haber y comprueba que es liquidación no se corresponde con dichas normas. Entonces efectúa el reclamo correspondiente y se lo deniegan concurre a la justicia y luego de un largo peregrinar recibe una sentencia favorable. Llegado a esto, la presidenta entiende que el culpable es el que inicia el juicio (buitre) y también el juez que le sentencia a su favor. La responsabilidad es de la titular del Poder Ejecutivo Nacional por no instruir a sus funcionarios a que apliquen las normas como corresponde”.