En Diputados piden que el ministro se presente ante la Comisión de Seguridad Interior para aclarar si hubo complicidad del Servicio Penitenciario y los motivos que llevaron a designar a Marambio, cuestionado por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
El diputado nacional Manuel Garrido presentó un proyecto de resolución para pedir que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, concurra al Congreso a explicar qué medidas se tomaron tras la renuncia del hasta el lunes director del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel.
En los fundamentos, el exfiscal de Investigaciones Administrativas se refiere a la gravedad que implica la fuga de los 13 detenidos de una cárcel de máxima seguridad, lo cual plantea dudas sobre la “participación y colaboración del propio servicio penitenciario en ayuda a los reclusos que escaparon, entre los que se encuentra el asesino del periodista Adams Ledesma. Sin ir más lejos, previo a su renuncia el doctor Víctor Hortel desplazó a 19 agentes penitenciarios, denunciando esta posible complicidad. Esta situación nos lleva a preguntarnos cuáles son los indicios de esta complicidad y qué medidas piensan tomarse para la investigación efectiva sobre la posible colaboración de agentes penitenciarios en la fuga de los internos”.
Al mismo tiempo, el diputado señaló que “deben explicar cuáles fueron las razones para designar a Alejandro Marambio, alguien cuestionado por su desempeño anterior en el cargo por violar derechos humanos. La remoción de los penitenciarios y la reincorporación de Marambio hace necesario que se despejen las sospechas de un complot interno del Servicio Penitenciario para lograr este resultado”.
Garrido agrega que “la Argentina sufre a nivel federal y provincial de paupérrimas condiciones de detención, con gravísimas denuncias de malos tratos, hacinamientos, torturas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Ninguna de estas afrentas tendría lugar sin la complicidad del Servicio Penitenciario Federal. Sumado a existen múltiples denuncias de la comisión de delitos dentro y fuera de las cárceles con la complicidad de los penitenciarios. La noticia de hoy, es una muestra más de que es urgente pensar una reforma del servicio penitenciario que implique la formación de sus agentes desde una perspectiva de protección de los derechos humanos. Es igual de importante en este sentido que se investigue cualquier comisión de delitos dentro de los centros de detención de manera seria y eficaz, de modo que hechos como este no se repitan”.
El pedido se basa en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados y artículo 71 de la Constitución Nacional y la concurrencia del ministro sería ante la Comisión de Seguridad Interior.
