La diputada nacional del GEN-FAP Virginia Linares, expresó su preocupación por el nombramiento de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal. “Durante su anterior mandato, entre los años 2007 y 2011, aumentaron las denuncias por torturas, hechos violentos, asesinatos y ‘suicidios’, así como sobre el empeoramiento de las degradantes condiciones de detención que tienen que soportar los internos”, afirmó la legisladora.

“A Marambio también se le acusa de haber concedido privilegios a detenidos por delitos de lesa humanidad y cerrar las puertas de las cárceles a los organismos de derechos humanos que monitorean las condiciones de alojamiento y/o que realizan algún tipo de trabajo con los internos”, sostuvo la diputada que pertenece al partido de Margarita Stolbizer.

A esas prevenciones le sumó Linares que durante la anterior gestión de Marambio, los Programas de Educación en Cárceles “fueron sistemáticamente atacados y entorpecieron su funcionamiento. Un caso emblemático es el del Centro Universitario de Devoto -CUD-, allanado en el año 2010, donde 11 computadoras fueron robadas, y luego permaneció clausurado durante 4 meses. Por esta realidad, los estudiantes realizaron una huelga de hambre que se prolongó durante más de 40 días, y ante la sistemática negativa de Marambio de recibir a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y abrir las puertas del CUD, éste debió renunciar”.

“Pero esta situación no fue un caso aislado, la suspensión de actividades universitarias, el desplazamiento de otras colocándolas fuera de la órbita de los programas, la disolución de pabellones de estudiantes, así como los constantes e injustificados traslados de los internos a otras unidades penales -interrumpiendo su concurrencia a clase y perjudicando su adecuada formación-, fueron prácticas sistemáticas durante la gestión de Marambio al frente del SPF”, afirmó Linares.

La diputada entiende que estos elementos representan “una evidente violación a los derechos establecidos en referencia al acceso a la educación y a los parámetros referidos a la progresividad de la ejecución de la pena, la Ley Federal de Educación, la Ley de Ejecución Penal Federal Nº 24.660, las normas mínimas para el tratamiento de reclusos y todos los pactos y tratados internacionales sobre Derechos Humanos a los que adhirió la República Argentina. Además, se están ignorando las autorizaciones judiciales firmadas por los jueces de cada detenido, que los habilita a cursar en los centros de estudio”.